El diputado panista, Federico Döring, advirtió que el reciente anuncio del gobierno federal sobre el acuerdo con Estados Unidos sobre el Tratado de Aguas, carece de sustento técnico y transparencia, lo cual podría implicar el despojo de recursos hídricos a los estados del norte del país.
Ante el compromiso de entregar 249 millones de metros cúbicos de agua como parte de los adeudos del Tratado de Aguas de 1944.
“¿A poco piensa usted volver a robarle agua a los mexicanos y regalársela a Trump? Como ya lo hizo con el Río San Juan, el afluente del Río Bravo, ¿qué no estaba contemplado en tratado de aguas?”, cuestionó.
Asimismo, el diputado resaltó que no hay explicación de dónde saldrá dicho volumen, cuando las dos presas binacionales apenas cuentan con 201 millones de metros cúbicos disponibles.
“Las cifras no cuadran. Si en las presas binacionales solo hay 201 millones de metros cúbicos, ¿de dónde van a salir los 48 millones restantes que ya comprometieron?”, resaltó el legislador.
El diputado del PAN recordó que no sería la primera vez que el actual gobierno entrega agua mexicana fuera de los acuerdos internacionales, al referir el antecedente del río San Juan, afluente del río Bravo que no está contemplado en el Tratado de 1944, y cuyo caudal —denunció— fue cedido de manera irregular a autoridades de Texas mediante la Minuta 331,afectando directamente a Tamaulipas y Nuevo León.
Döring alertó que, de no aclararse el origen del agua comprometida, el gobierno federal podría estar planeando quitarle agua a estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, sin informar a la ciudadanía ni a los gobiernos locales cuántos metros cúbicos pondrá cada entidad.
“El gobierno dice que ya hay una solución, pero le esconde al pueblo de México cuánto le va a quitar de agua a cada estado para regalársela a Trump y al gobernador Abbott en Texas”, subrayó.
Finalmente, el legislador exigió a la presidenta Sheinbaum informar con claridad qué se comprometió realmente, de dónde saldrá el agua faltante y bajo qué criterios se afectará —o no— a las entidades federativas. “Si no hay nada que ocultar, no hay razón para esconder esta información”, concluyó.
