La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), denunció que a pesar de lo dispuesto en la reforma judicial, no se ha pagado la indemnización a los impartidores de justicia que concluyeron sus funciones de manera anticipada.
En ese sentido, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal expresó su enérgico rechazo ante lo que calificaron como una “grave y arbitraria” transferencia de recursos realizada por Nacional Financiera (Nafin) a la Tesorería de la Federación (Tesofe), procedentes de cuatro fideicomisos bajo administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Explicó que el Consejo de la Judicatura afirmó que no se giró una instrucción previa para que Nafin pudiera realizar la transferencia de los recursos, que podrían ascender a los 10 mil millones de pesos.
Ante esto, el CJF indicó que analiza la estrategia legal que emprenderá y señaló que ya puso en marcha medidas de conciliación.
Al profundizar en este polémico tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el CJF informaron en enero que, en diciembre de 2023, comenzaron con el proceso de transferencia de los recursos de los fideicomisos en los que ambas instituciones actúan como fideicomitentes.
Los organismos detallaron que dieron instrucciones a Nafin para que transfiriera la totalidad de los fondos de cada uno de los fideicomisos.
Sin embargo, Nafin notificó que estaba impedida legalmente para cumplir con las transferencias debido a que existen suspensiones definitivas emitidas por tribunales en contra del Decreto que modifica el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La SCJN administra un total de seis fideicomisos, con un monto conjunto de 6 mil 241.9 millones de pesos. Por su parte, el CJF posee cuatro fideicomisos, con un monto de 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos.
A través de un comunicado, el Colegio denunció que la operación representa un desacato a múltiples suspensiones judiciales emitidas por jueces federales en procesos de amparo, que ordenaban expresamente mantener intactos dichos recursos.
Enfatizaron que estas medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento y que su incumplimiento podría constituir delitos sancionados por la Ley de Amparo, lo que, según el texto, “socava los cimientos del Estado de Derecho, la república y la democracia”.
El comunicado exige la restitución inmediata de los fondos transferidos, el inicio de procedimientos administrativos y penales contra los funcionarios responsables, y un compromiso público de todas las instituciones del Estado para acatar las resoluciones judiciales sin atender a intereses políticos del momento.
Este pronunciamiento se da en el contexto de la controversia generada por la transferencia unilateral de recursos por parte de Nafin, que según el propio CJF, se realizó sin su consentimiento y en violación de las cláusulas del contrato de fideicomiso.
La Judicatura Federal recordó que los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electos en la votación judicial del 1 de junio próximo, podrán recibir un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados.
Lo anterior quedó establecido en los transitorios Décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, y Vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) dio a conocer el oficio que envió al CJF en el que demanda el pago contemplado a los impartidores de justicia que optaron por separarse de sus funciones (ya sea por renuncia o jubilación) debido a la reforma judicial.
La conclusión anticipada de funciones de los jueces, señala el documento, es fruto de la reforma “que desconoció los derechos de las personas juzgadoras y que las privó de la garantía de inamovilidad en el ejercicio de la función”.
Al ser removidos de su función, los jueces generaron el derecho a un pago extraordinario que debía cubrirse a más tardar en diciembre del año pasado.
La ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN y del CJF, propuso a los integrantes del Consejo acudir a la vía legal y presentar una denuncia para que la Fiscalía General de la República investigue la transferencia irregular de los recursos.
Pero la mayoría de los siete consejeros decidió de inicio solicitar una explicación a Nafin y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el fundamento legal que motivó la extracción unilateral de los fondos.
