Luego de que la Ley Silla entrara en vigor el 17 de junio, y un mes después la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicara las normas sobre riesgos laborales que contempla, el sector empresarial del Valle de Toluca aseguro que la normativa carece de especificaciones claras, lo que podría abrir la puerta a prácticas irregulares.
Al respecto, Omar Mañón Juárez, representante de la Dirección General de Inspección Laboral, explicó que la clave para la correcta implementación de la Ley Silla será la comunicación y coordinación entre autoridades y empresas además de que el tiempo de descanso será acordado entre trabajador y empleador.
Recordó que la Ley Silla es una reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca proteger la salud y el bienestar de los trabajadores y que obliga a los empleadores a proporcionar asientos o sillas con respaldo a sus empleados, así como a permitirles descansos periódicos durante la jornada laboral, especialmente para aquellos que realizan tareas de pie.
En este sentido, Mañón Juárez, indico que el tiempo y la interacción constante entre colaboradores y jefes permitirán ajustar y optimizar los compromisos de la ley de forma más eficiente, añadiendo que el 46% de los jóvenes prioriza el bienestar físico y mental sobre salarios elevados, una tendencia que contrasta con la mentalidad de algunas empresas.
Agrego que esta reforma, prohíbe a los empleadores obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante toda su jornada laboral, a menos que existan razones de seguridad o funcionalidad que lo justifiquen, situación que pondría en jaque a micro y pequeñas empresas, quienes podrían enfrentar dificultades para cumplir la norma, ya que implicará inversión en equipamiento y gastos extra por la compra de herramienta.
Sin embargo, los empresarios coincidieron en la necesidad de guías precisas sobre los protocolos que deben seguir para cumplir la ley y no caer en actos de corrupción, así como pidieron que la Ley Silla se unifique en su aplicación desde lo federal hasta lo estatal para evitar confusiones y garantizar una comunicación y coordinación que faciliten la resolución de dudas sobre esta y otras normativas.
