* CAEM elevará tarifas mientras persiste el desabasto……
Por Martha Romero
Mientras millones de familias en el Estado de México viven entre tandeos, pipas y llaves secas, el gobierno estatal decidió aumentar hasta en 87 por ciento el costo del agua que la Comisión del Agua del Estado de México cobra a los municipios a partir de 2026, una medida que lejos de resolver la crisis hídrica, amenaza con profundizarla, trasladando la presión financiera a ayuntamientos ya debilitados y, en última instancia, a los hogares que menos acceso tienen al vital líquido.
El acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno y firmado por el secretario de Finanzas estatal, Óscar Flores Jiménez, establece incrementos significativos en derechos de conexión, suministro en bloque y uso de infraestructura operada por la CAEM, un organismo que arrastra adeudos históricos, deficiencias operativas y una red incapaz de garantizar agua continua y de calidad en amplias zonas del territorio mexiquense.
Tras años de mantener congeladas las tarifas del agua en bloque, el gobierno optó por un ajuste abrupto muy por encima de la inflación prevista para 2026, sin presentar un plan integral que asegure que este aumento se traduzca en mejoras reales del servicio, reparación de fugas, modernización de redes o ampliación de cobertura, en un contexto donde el desabasto dejó de ser excepcional para convertirse en la norma.
El incremento golpea con especial fuerza a los municipios que no cuentan con pozos propios y dependen del suministro estatal, obligándolos a pagar mucho más por un recurso que llega de forma irregular, insuficiente o intermitente, lo que plantea una contradicción evidente, se cobra más por un servicio que no se garantiza.
En el rubro de derecho a conexión, municipios del Grupo 1 como Ecatepec, Naucalpan, Toluca, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Huixquilucan enfrentarán tarifas de hasta 6 mil 412 pesos por metro cúbico para uso doméstico, casi el doble de lo que pagaban, y más de 8 mil pesos para uso no doméstico, cifras que contrastan con colonias enteras donde el agua llega una vez por semana o depende exclusivamente de pipas.
Para el Grupo 2, que incluye a municipios como Chimalhuacán, Tecámac y Zumpango, el costo por metro cúbico doméstico se elevará de poco más de 3 mil a más de 6 mil pesos, mientras que en el Grupo 3 y Grupo 4, donde se concentran municipios rurales o con menor capacidad financiera, los aumentos también superan el 80 por ciento, profundizando la desigualdad entre territorios.
El suministro en bloque tampoco escapa a esta lógica recaudatoria, municipios como Atizapán, Ecatepec y Tlalnepantla pagarán más de 14 pesos por metro cúbico, cuando antes desembolsaban menos de 8, otros como Toluca, Nezahualcóyotl y Huixquilucan pasarán de poco más de 7 a más de 13 pesos, incrementos que inevitablemente presionarán las finanzas municipales.
La consecuencia inmediata será un dilema para los ayuntamientos, absorber el golpe y sacrificar otros servicios públicos o trasladar el costo a los organismos operadores y, finalmente, a los usuarios, es decir, a las familias que ya pagan agua cara, irregular y, en muchos casos, de mala calidad.
El aumento resulta aún más cuestionable si se considera que el Estado de México enfrenta una de las crisis hídricas más severas del país, con millones de personas sin acceso diario al agua potable, con pérdidas por fugas que superan el 40 por ciento del volumen distribuido y con infraestructura obsoleta que no ha sido renovada al ritmo del crecimiento urbano.
En lugar de priorizar inversiones, eficiencia y justicia hídrica, el gobierno estatal opta por una salida fácil, cobrar más, sin asumir responsabilidades claras sobre el destino de los recursos adicionales ni establecer mecanismos de transparencia que permitan saber si el dinero se usará para mejorar el servicio o solo para tapar huecos financieros.
La narrativa oficial habla de fortalecer a la CAEM y garantizar la sustentabilidad del sistema, pero en la práctica el aumento parece castigar a los municipios y a los ciudadanos, no a las ineficiencias estructurales del organismo, ni a la falta de planeación que permitió el crecimiento desordenado sin garantizar agua suficiente.
Resulta especialmente grave que esta decisión se tome sin un debate público amplio, sin consultar a los municipios afectados y sin escuchar a las comunidades que viven el desabasto todos los días, aquellas donde el agua es un privilegio y no un derecho.
Cobrar más por el agua en un estado donde millones no la tienen no es una política hídrica, es una medida recaudatoria que profundiza la desigualdad y normaliza el abandono, el reto no es subir tarifas, sino garantizar que abrir la llave deje de ser un acto de fe para convertirse en un derecho efectivo, mientras eso no ocurra, cualquier incremento será visto no como solución, sino como un agravio más.
