Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena pidió al INE revisar su solicitud de 13 mil millones de pesos (mmdp) para la elección extraordinaria de jueces en 2025.
Alcalde Luján comentó: “Entonces, ¿cómo es posible que ahora vayan a gastar más si la anterior fue la presidencial? Estamos planteando que hagan una revisión y que no se trate de una chicanada más, de un obstáculo más para no permitir que la población decida”.
Pese a ello, comentó que todo lo que ha sucedido en días pasados es parte de la democratización
Desde Chihuahua, donde encabezó una reunión informativa, desde la que reconoció a los morenistas del país, de celebrar en las plazas públicas, que continúe la reforma judicial, y que ya comenzó la “limpieza” en el Judicial.
De ahí que dijera que tanto ella, como en Morena están contentos porque ya fueron desechados todos los recursos en contra de la reforma, por lo que en junio de 2025 los mexicanos podrán escoger a los jueces, magistrados y ministros.
Horas antes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) criticó que Morena celebre la reforma judicial “como si fuera una victoria contra un enemigo”.
Este domingo, luego de que la Corte desestimará las acciones de inconstitucionalidad en contra de parte del también llamado “Plan C“, y de que se publicaran las convocatorias del Ejecutivo, Judicial y Legislativo para que los interesados en participar en la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros, y que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) convocara a los mexicanos a celebrar que el proyecto avanza, la JUFED señaló que: “La JUFED lamenta profundamente el llamado de Morena a celebrar la aprobación de la mal llamada ‘reforma judicial’ como si fuera una victoria sobre un enemigo. Esta reforma fue aprobada de manera cuestionable, con procesos irregulares y sin diálogo amplio. Lejos de ser un triunfo, representa un ataque a la independencia judicial y a los derechos fundamentales de las y los mexicanos”.
También señalan que dicha modificación constitucional ha encendido las alarmas a nivel internacional, al punto de que la ONU y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han señalado que esto representan un retroceso en derechos humanos e independencia judicial.
