Por Martha Romero
Tras señalar que datos proporcionados por Ministerios Públicos litigantes, de un 70% de los delitos que se llevan ante el juzgado relativos a violencia de género, abuso o violación, por lo menos el 60% son fabricados y solo un 10% es verdadero, Elisa Fernández González, fundadora de la asociación civil “Mujeres Construyendo”, hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la igualdad de género en el acceso a la justicia porque las mujeres no son las únicas violentadas”.
Lamentó que aunque es claro que la mayoría de las denuncias son fabricadas, son trabajadas de manera muy rápida, es decir, se tiene una carpeta integrada para judicializar a una persona y obtener una orden de aprehensión en tres días, por lo que hizo un enérgico llamado para trabajar en la igualdad de género entre hombres y mujeres para un acceso a la justicia.
Advirtió que los hombres que enfrentan procesos no tienen garantizado ese acceso de justicia en condiciones de igualdad, sobre todo cuando están enfrentando procesos que tienen que ver con género, con delitos de abuso sexual o de violación, asunto que se ha convertido en una problemática porque se está convirtiendo en “una bola de nieve” porque cada vez son más las acusaciones fabricadas.
Y es que dijo que no hay una garantía de que un hombre que esté siendo denunciado y procesado por alguno de estos delitos tenga una sentencia absolutoria, con lo que se está mermando ese acceso que también tienen, en igualdad, que está consagrado en el artículo 17 constitucional que señala que todos los gobernados tienen que tener igualdad de acceso a la justicia.
Fernández González aplaudió que las mujeres hayan ganado terreno a través de políticas y leyes que lo garantizan, pero se está incurriendo en un nuevo mal entendido de estos beneficios que son aprovechados de manera indebida por personas para quitarse de en medio al esposo, novio, expareja o simplemente aquella persona que no quiere cerca de su vida por revancha o por alguna acción de venganza.
Adicionalmente, dijo, la fiscalía presiona o lo primero que ofrece es una salida alterna al proceso a través del procedimiento abreviado, que no es otra cosa más que se declaren culpables y ahí es cuando la asociación comienza con su labor.
“No importa que esa persona imputada acredite que no estuvo en el lugar señalado de los hechos, que le ofrezcamos al juez una prueba de geolocalización de referencia tecnológica, el juez va a decir que tal vez no acreditamos la propiedad del teléfono y si la acreditamos, el juzgador va a decir que no le acreditamos que ese día de los hechos el varón llevara su teléfono consigo”, lamentó.
“También se ignoran pruebas periciales ginecológicas y tristemente se ha demeritado el papel que tiene un perito en psicología, pues basta el simple estudio denominado impresión diagnóstica, que es una entrevista que se hace a la víctima y que dura media hora o una hora máximo para que el perito diga que la persona tiene indicadores de violencia sexual ya el Ministerio Público no se ocupa de hacer un estudio más”, concluyó.
