* El encarecimiento del diésel comienza a trasladarse a la canasta básica, mientras empresarios advierten que la economía local ya enfrenta una presión inflacionaria que amenaza con profundizar desigualdades y evidenciar la fragilidad del modelo económico……
Por Mary González
La inflación que el gobierno no quiere ver
La inflación que golpea a millones de familias mexiquenses no se mide en informes técnicos ni en conferencias de prensa, se mide en el mercado, en la central de abastos y en la caja del supermercado, ahí donde cada semana el dinero alcanza para menos, el reciente aumento de casi tres pesos por litro en el diésel, provocado por la tensión internacional derivada del conflicto en Irán, comenzó a detonar una cadena de incrementos que ya presionan el precio de los alimentos y productos básicos en el Estado de México, mientras las autoridades federales mantienen un discurso optimista que poco se parece a la realidad que enfrentan consumidores y pequeños comerciantes.
La advertencia lanzada por la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado de México no es menor, el incremento del combustible impacta directamente en el transporte de mercancías, y en una economía donde prácticamente todo se mueve por carretera, el resultado es inevitable, cualquier aumento en el diésel termina reflejándose en la mesa de las familias.
La lógica es simple pero devastadora, si transportar frutas, verduras, granos o productos industriales cuesta más, los distribuidores trasladan el incremento al consumidor final, generando un efecto dominó que termina inflando el precio de la canasta básica.
El transporte encarece todo
En el Estado de México, una de las economías más grandes del país y con fuerte dependencia logística, el transporte de mercancías es la columna vertebral del abastecimiento, miles de toneladas de alimentos llegan diariamente a mercados, tianguis, centrales de abasto y tiendas de autoservicio, casi todos esos productos viajan en camiones que funcionan con diesel.
Cuando el precio del combustible se dispara, toda la cadena productiva se encarece, desde el agricultor que paga más por transportar su cosecha, hasta el comerciante que debe ajustar sus precios para no operar con pérdidas.
El problema es que ese aumento termina golpeando directamente a los sectores más vulnerables, quienes destinan una mayor proporción de su ingreso a la compra de alimentos, en otras palabras, la inflación alimentaria siempre castiga más a quienes menos tienen.
La presión inflacionaria ya comienza a notarse en productos básicos como frutas, verduras y abarrotes, un fenómeno que ocurre silenciosamente pero que modifica el consumo diario de millones de familias que, ante el encarecimiento, se ven obligadas a reducir cantidades o sustituir alimentos.
Un problema que ya se veía venir
El aumento del diésel no es un fenómeno aislado ni inesperado, desde el inicio de las tensiones internacionales en Medio Oriente era previsible que el mercado energético reaccionara con alzas, el petróleo sigue siendo un factor central de la economía global, y cualquier conflicto en regiones productoras genera turbulencias que terminan afectando a países importadores o dependientes del transporte de combustibles.
Sin embargo, lo que sí resulta cuestionable es la falta de una estrategia preventiva del gobierno federal frente a este tipo de escenarios, México continúa dependiendo en gran medida de factores externos para estabilizar los precios energéticos, lo que deja a la economía expuesta a crisis internacionales que terminan impactando directamente en la vida cotidiana de la población.
Mientras otras economías desarrollan mecanismos de contención, subsidios temporales o estrategias logísticas para amortiguar los efectos de estas crisis, en México la respuesta suele llegar tarde o simplemente no llegar.
Presiones acumuladas en la economía
El aumento del diésel se suma a una serie de presiones económicas que ya venían afectando a empresas y consumidores, entre ellas el incremento al salario mínimo, el encarecimiento de insumos industriales, los costos logísticos y la incertidumbre económica internacional.
Aunque el aumento salarial representa un avance para los trabajadores, también implica mayores costos operativos para empresas que ahora enfrentan simultáneamente incrementos en combustibles, transporte y materias primas.
El resultado es una tormenta perfecta para la inflación, los negocios suben precios para sobrevivir, los consumidores pagan más por lo mismo, y el poder adquisitivo se deteriora gradualmente.
En ese contexto, la inflación deja de ser un indicador económico abstracto para convertirse en una presión cotidiana que modifica hábitos de consumo, reduce el margen de ahorro y profundiza la desigualdad social.
La inflación que agranda la desigualdad
El mayor riesgo de esta escalada inflacionaria no es únicamente el encarecimiento de los productos, sino el impacto social que genera, cuando los precios suben de manera constante, quienes tienen mayores ingresos logran absorber el golpe, pero las familias con recursos limitados enfrentan decisiones más duras.
Comprar menos alimentos, sustituir productos de calidad por opciones más baratas o incluso recortar gastos básicos, son medidas que se repiten en millones de hogares
El resultado es una brecha social cada vez más amplia, donde la inflación actúa como un mecanismo silencioso de empobrecimiento.
En el Estado de México, donde viven más de 17 millones de personas y donde amplios sectores de la población dependen del comercio informal o de ingresos limitados, el impacto puede ser aún más profundo.
La advertencia empresarial sobre el aumento de precios en la canasta básica debería encender alarmas en todos los niveles de gobierno, porque cuando la inflación golpea la comida diaria de las familias, deja de ser un problema económico para convertirse en un problema social y político.
Y si el alza del diésel se mantiene o continúa escalando por la inestabilidad internacional, lo que hoy parece una presión temporal podría transformarse en una nueva etapa de encarecimiento sostenido que pondrá a prueba la capacidad de la economía mexicana para resistir otro golpe externo, uno que, como casi siempre, terminará pagando el ciudadano común.
