* El ámbito local registra la mayoría de sanciones vigentes por agresiones contra mujeres en la vida pública……
Por Martha Romero
La violencia política en razón de género continúa siendo una práctica recurrente en el Estado de México, con una marcada concentración en el ámbito municipal, donde se registra en promedio 87.5 por ciento de los casos documentados, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral, un fenómeno que evidencia la persistencia de prácticas de exclusión, hostigamiento y descalificación contra mujeres que participan en la vida pública local.
EDOMEX ENTRE LAS ENTIDADES CON MÁS SANCIONES
A nivel nacional, se mantienen vigentes 436 sanciones por violencia política contra las mujeres, de las cuales 24 corresponden al Estado de México, lo que coloca a la entidad en el quinto lugar nacional, por debajo de estados como Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, este último con el mayor número de registros al concentrar 148 casos activos, lo que da cuenta de un problema estructural que se reproduce en distintas regiones del país, pero que tiene un peso específico en el nivel loca.
Del total de sanciones registradas en el país, 358 corresponden a agresiones cometidas por hombres, mientras que en 78 casos las responsables son mujeres que ejercieron violencia política contra otras mujeres, una cifra que, aunque menor, confirma que este tipo de prácticas también se reproduce entre pares dentro de los espacios políticos y sociales.
EL ÁMBITO MUNICIPAL, EL MÁS AFECTADO
La distribución de los casos muestra una clara concentración en el ámbito municipal, donde se registra 70.95 por ciento de las sanciones, seguido del ámbito estatal con 16.39 por ciento y el nacional con 12.66 por ciento, una tendencia que refleja la vulnerabilidad de las mujeres que participan en gobiernos locales, cabildos, elecciones municipales y espacios comunitarios, donde las relaciones de poder son más directas y personalizadas.
En el caso específico del Estado de México, los municipios de Morelos, San Antonio la Isla, Ocoyoacac, Texcaltitlán y Amecameca concentran 62 por ciento de los registros, destacando Morelos con cinco casos comprobados, lo que lo convierte en el municipio con mayor incidencia documentada de violencia política de género en la entidad.
QUIÉNES EJERCEN LA VIOLENCIA
Dentro de los 24 casos vigentes en el Estado de México, también se identifican mujeres como agresoras, en al menos cuatro expedientes, mientras que el resto corresponde a hombres, entre los sancionados se encuentran ocho funcionarios de elección popular municipal, tres periodistas, siete ciudadanos y otros actores vinculados a la vida pública local, lo que demuestra que la violencia política no se limita a cargos formales, sino que también involucra a actores sociales y mediáticos.
Los tipos de violencia identificados incluyen violencia simbólica, sexual, psicológica, mediática y verbal, así como agresiones en entornos digitales, particularmente en redes sociales, donde se han detectado al menos cuatro perfiles de Facebook vinculados a casos sancionados, lo que confirma que el espacio digital se ha convertido en una extensión de la violencia política tradicional.
SANCIONES Y AGRAVANTES
El Registro Nacional establece distintos periodos de permanencia para las personas sancionadas, dependiendo de la gravedad de la falta, en casos leves el registro se mantiene por tres años, en faltas ordinarias por cuatro años, en faltas especiales por cinco años y en casos de reincidencia hasta seis años, con el objetivo de generar consecuencias reales y limitar el acceso a nuevos cargos públicos.
Se consideran agravantes cuando la violencia es ejercida por personas servidoras públicas, aspirantes a candidaturas independientes, personas precandidatas o profesionales de la comunicación, así como cuando la agresión se dirige contra mujeres pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas, afromexicanas, personas adultas mayores, integrantes de la diversidad sexual o personas con discapacidad.
UN MECANISMO PARA INHIBIR LA VIOLENCIA
El objetivo central de este registro es inhibir la violencia política contra las mujeres y servir como una herramienta de consulta pública que impida que las personas violentadoras accedan a nuevos cargos de representación o toma de decisiones, este mecanismo comenzó a operar formalmente en septiembre de 2022, a partir de sanciones firmes emitidas en distintos ámbitos, y se ha consolidado como una referencia clave para visibilizar y sancionar conductas que históricamente habían quedado impunes, en un contexto donde la participación política de las mujeres sigue enfrentando resistencias estructurales.
