* Fiscalización transversal incluirá municipios, entidades y programas de alto presupuesto……
Por Martha Romero
Los programas sociales del Estado de México volverán a estar bajo la lupa del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México durante 2026, el Programa Anual de Auditorías se encuentra en su fase final y será publicado en los próximos días, con un ajuste que busca corregir omisiones del pasado reciente y responder a la presión ciudadana por un mayor control del gasto público.
La auditora superior Liliana Dávalos Ham confirmó que el PAA 2026 incluirá una revisión más amplia de programas sociales, especialmente aquellos con mayor impacto presupuestal y social, el anuncio cobra relevancia tras la exclusión en 2025 de los programas de la Secretaría del Bienestar, entre ellos Mujeres con Bienestar, el de mayor asignación de recursos en la entidad.
Aunque el OSFEM sostuvo que durante 2025 sí se auditaron programas sociales en áreas como educación y la Secretaría del Campo, la ausencia de revisiones al sector bienestar dejó un vacío ampliamente cuestionado, ahora esos programas vuelven al centro del análisis no como un giro voluntario sino por su peso financiero y por las dudas persistentes sobre su operación y resultados.
El nuevo programa de auditorías incorporará un enfoque transversal para evaluar de manera integral el ejercicio de los recursos públicos, este esquema abarcará municipios, dependencias estatales, órganos autónomos y organismos auxiliares, con la intención de dejar atrás revisiones fragmentadas que permiten que las irregularidades se diluyan entre dependencias y ejercicios fiscales.
Este enfoque permitirá dar seguimiento a observaciones no solventadas de años anteriores y revisar distintos rubros de forma conjunta, una promesa reiterada por el órgano fiscalizador en otros ejercicios pero que ahora se presenta como eje central del PAA 2026, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia el manejo del dinero público.
La definición de las auditorías se basa en criterios cualitativos y cuantitativos, como resultados de revisiones previas, estado de investigaciones en curso y análisis integral de cuentas públicas, uno de los cambios más relevantes es la incorporación formal de peticiones ciudadanas y legislativas como criterio de selección.
Desde 2025 las solicitudes ciudadanas comenzaron a considerarse, pero para 2026 se busca ampliar su peso, las principales demandas se concentran en auditorías a municipios, espacios donde el gasto suele ser más opaco y donde las irregularidades impactan de forma directa a las comunidades, también se toman en cuenta solicitudes de diputadas y diputados y señalamientos que circulan en redes sociales.
El objetivo declarado es abarcar más entes fiscalizables con una metodología más completa que no se limite a un solo rubro del gasto, el reto será traducir este rediseño en resultados tangibles y no solo en ajustes administrativos.
En paralelo el OSFEM informó que concluyó la revisión del tercer informe trimestral de 2025, el cual fue entregado a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, además reporta avances internos como la reducción del rezago jurídico y el fortalecimiento de la Unidad de Investigación, áreas clave para evitar que las observaciones queden solo en recomendaciones.
Respecto a la Cuenta Pública 2024 ya se notificaron los informes finales y se abrió un plazo de 30 días para solventar observaciones, el propio órgano reconoce que irregularidades como obra pagada no ejecutada difícilmente podrán justificarse, lo que anticipa posibles responsabilidades administrativas.
Finalmente el OSFEM reiteró su disposición para colaborar con la Auditoría Superior de la Federación en revisiones de recursos federales, el discurso apunta a la transparencia, el desafío será demostrar que en 2026 la fiscalización no volverá a esquivar los programas más costosos ni las áreas políticamente sensibles.
OSFEM destapa desorden financiero
La auditoría 2024 del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México exhibió un panorama preocupante de desorden financiero, opacidad administrativa y manejo deficiente de recursos públicos, lejos de tratarse de fallas aisladas, los hallazgos configuran un patrón repetido en dependencias estatales, ayuntamientos y organismos autónomos.
El informe reveló miles de observaciones acumuladas que suman decenas de miles de millones de pesos sin comprobar, recursos ejercidos sin sustento documental, obras pagadas pero no concluidas, contratos sin evidencia física y procesos de adquisición que violaron normas básicas de control, la magnitud de las inconsistencias refleja no solo errores administrativos sino una cultura institucional tolerante al abuso y la simulación.
Uno de los focos rojos fue la obra pública, donde se detectaron proyectos inflados, avances reportados que no coinciden con la realidad y pagos liberados sin supervisión técnica, en varios casos el dinero salió de las arcas públicas sin que exista constancia clara de beneficio social, lo que deja en entredicho la eficacia de los mecanismos de control interno.
Las adquisiciones y contrataciones tampoco quedaron exentas, el OSFEM documentó compras con sobrecostos, expedientes incompletos y proveedores sin acreditación suficiente, además de servicios pagados que no acreditan haberse prestado, prácticas que debieron ser frenadas desde las áreas financieras y que, sin embargo, avanzaron sin obstáculos.
En los municipios, el escenario fue aún más grave, múltiples ayuntamientos concentraron observaciones por montos millonarios, con irregularidades que van desde nóminas infladas hasta pagos duplicados y gastos sin justificar, en varios casos las administraciones salientes heredaron cuentas comprometidas y expedientes desordenados, trasladando el problema sin asumir responsabilidades.
Los organismos descentralizados y algunas instituciones educativas públicas también aparecieron en la lista de entes observados, con deficiencias en control interno, opacidad en el uso de subsidios y manejo discrecional del presupuesto, lo que cuestiona la supervisión real sobre entidades que administran recursos estratégicos.
Aunque la ley permite un periodo de solventación, la recurrencia de estas prácticas demuestra que la fiscalización llega tarde y que las sanciones rara vez se traducen en castigos ejemplares, la auditoría 2025 deja claro que el problema no es la falta de normas sino la ausencia de consecuencias.
El informe del OSFEM no solo señala cifras, expone un sistema que permitió durante años gastar sin rendir cuentas, mientras no haya responsabilidades claras y castigos efectivos, la fiscalización seguirá siendo un ejercicio técnico que documenta el daño, pero no lo detiene.
