Por Martha Romero
Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, iniciaron con el análisis de la iniciativa enviada al Congreso Mexiquense por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, misma que busca facultar el recurso de procedimiento abreviado a la defensa de las personas imputadas.
Durante el análisis y discusión de la iniciativa, el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales respaldó la iniciativa de la jefa del Ejecutivo Estatal y resaltó que tiene el fin de seguir dando pasos firmes hacia un sistema de justicia más eficiente, equitativo y humano, que no discrimine, no retrase y no olvide a nadie.
El también integrante de la bancada de Morena, añadió que para que la aplicación del procedimiento abreviado también busca que sea una facultad de las personas imputadas y no exclusivamente del ministerio público a nivel nacional.
Subrayó que esta propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales es una muestra del liderazgo humanista de la mandataria mexiquense, quien ha visitado recientemente centros penitenciarios en donde ha escuchado a las personas privadas de su libertad.
Mientras que Alberto Cervantes Juárez, director general del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, explicó que la propuesta busca la igualdad entre las partes y aligerar el trabajo de las instituciones de procuración y administración de justicia.
Por su parte, Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, dijo que es una reforma noble que facilita los procedimientos, con alicientes para la reparación del daño y la readaptación social.
Cabe señalar que la iniciativa, de dictaminarse y ser aprobada en el Pleno, sería turnada al Congreso de la Unión, misma que busca que las personas imputadas tengan la facultad de acceder al procedimiento abreviado, como una forma de terminación anticipada del proceso penal.
Actualmente estas personas, aunque estén dispuestas a aceptar su responsabilidad y las consecuencias legales, no pueden activar este mecanismo por sí mismas, lo cual contraviene principios fundamentales de igualdad, acceso efectivo a la justicia y debido proceso.
