Por Mireya Álvarez
El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió anular el nombramiento de María Elena Anzurea Rivera como representante indígena del municipio de Temoaya, al considerar que su vínculo familiar con la diputada local Nelly Rivera representa un conflicto de interés que pone en entredicho los principios de imparcialidad y autonomía que exige el cargo.
La decisión se produjo luego de que integrantes de la comunidad originaria presentaran una impugnación, en la que denunciaron irregularidades en el proceso de designación y señalaron la falta de transparencia como un factor que comprometía la legitimidad de la representante.
En su sentencia, el órgano jurisdiccional concluyó que la relación de parentesco entre Anzurea Rivera y la legisladora local vulnera directamente los principios de representatividad, equidad y autodeterminación de los pueblos indígenas. El tribunal consideró que esta cercanía podría influir en las decisiones de la representante, afectando su independencia frente a las estructuras políticas y de poder.
“El cargo de representación indígena no puede ser ocupado por personas con lazos directos con figuras políticas que puedan influir en su actuar. Se trata de un espacio que debe emanar directamente de la voluntad de la comunidad, no de arreglos o vínculos familiares”, indica parte del fallo.
El TEEM ordenó a las autoridades locales organizar un nuevo proceso de elección que se apegue estrictamente a los principios de legalidad, inclusión y respeto a los usos y costumbres de la comunidad otomí de Temoaya. En ese sentido, se hizo un llamado a garantizar que la nueva convocatoria sea abierta, transparente y participativa.
Hasta el momento, ninguna de las implicadas ha ofrecido declaraciones al respecto. Ni la diputada morenista, ni la alcaldesa Berenice Carrillo, ni la propia María Elena Anzurea han fijado postura sobre la resolución judicial.
Organizaciones indígenas del municipio señalaron que esta resolución sienta un precedente importante, al reconocer que la representación no debe ser utilizada como cuota de poder o espacio de influencia partidista. “Queremos representantes que verdaderamente hablen por y para el pueblo, no que respondan a intereses políticos”, manifestó uno de los voceros comunitarios.
La sentencia marca un nuevo capítulo en la lucha por el respeto a la autonomía indígena en la entidad, y refleja la creciente vigilancia ciudadana en torno al cumplimiento de los principios democráticos en los procesos de representación local. Ahora, la comunidad de Temoaya espera que la nueva elección abra la puerta a un perfil legítimo y cercano a sus verdaderas necesidades.
