Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) sean “empresas públicas del Estado” y tengan prevalencia o preponderancia sobre las privadas. También establecieron como áreas estratégicas del Estado el servicio de internet y el litio.
Hay que recordar que este dictamen fue aprobado en lo general por 21 votos a favor, 16 en contra y no hubo abstenciones. Se hicieron 12 reservas: cuatro de Movimiento Ciudadano, seis del PRI, una del PAN y una de Morena, que fue la única que se aprobó.
Las modificaciones de Morena añadieron que el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de la nación para reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerán las políticas necesarias hacia la transición energética y otros impactos ambientales.
De igual manera, los diputados aprobaron en comisiones dos dictámenes más pertenecientes al llamado “Plan C” impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador: la referente a Áreas y empresas estratégicas y la que corresponde a agua, alimentos y protección al medioambiente.
La iniciativa añade, en el artículo 28, que las funciones que ejerza el Estado sobre el “servicio de internet del Estado” no constituirán un monopolio. Incluye que los objetivos serán “el control del servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado”.
Explicaron que las modificaciones recayeron en los artículos 25, 17 y 28 de la Constitución. La reforma propone que en ningún caso los particulares “tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”.
Durante la discusión, los morenistas Óscar Cantón Zetina y Marco Rosendo Medina destacaron que esta modificación buscaba dar marcha atrás a una de las llamadas reformas estructurales realizadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como parte del Pacto por México.
Sobre este tema, el priista Rubén Moreira Valdez argumentó en contra que la Comisión Federal de Electricidad opera actualmente en números rojos, a diferencia de lo que ocurría previo a este sexenio. El PRI, dijo el coordinador legislativo, presentó reservas, para que pequeños agricultores reciban tarifas más pequeñas, lo mismo que pequeños comerciantes.
Por su parte, Miguel Rodarte de Lara, del PAN, defendió su postura en contra del dictamen con base en que en cuanto a lo energético el país debe tener “todas las puertas abiertas para la inversión del sector privado”.
“Se tiene que hacer un análisis de cómo ha venido funcionando en estos seis años y cómo ha afectado a la inversión privada lo que se ha hecho en manera de electricidad”, insistió.
El panista Héctor Saúl Téllez, en su momento, defendió que de 2014 a 2018 creció la cobertura eléctrica y la inversión extranjera en esa industria, por lo que en 2018 abonaba al PIB el 1.9 por ciento. Sin embargo, el panista aseguró que CFE perdió en los últimos cuatro años 194 mil 600 millones de pesos.
Téllez también acusó que la CFE era competitiva cuando inició el sexenio morenista, pero que ahora se ha provocado un hoyo fiscal por los subsidios, lo que se remediaría reactivando las subastas donde participaban las empresas privadas.
“Para ser claros: sí estamos en contra del estatismo. Y estamos en contra del populismo energético. ¡Nos declaramos completamente libertarios!”.
