En medio de críticas de la oposición por no haber incluido exigencias de madres buscadoras, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma en materia de desapariciones forzadas propuesta por el Ejecutivo Federal que crea la Clave Única de Registro de Población (CURP) con dato biométricos y una Plataforma Única de Identidad.
Las modificaciones avaladas en fast track a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y a la Ley General de Población, establece que ahora la CURP se integrará obligatoriamente de huellas dactilares y fotografía y será el documento nacional de identificación obligatoria.
La bancada del PRI votó en contra los cambios a ambas leyes, mientras que el PAN votó a favor la primera y la segunda en contra y Movimiento Ciudadano se abstuvo.
De acuerdo con la reforma, la CURP integrará la Plataforma Única de Identidad que será la fuente primaria y en tiempo real en materia de desapariciones forzadas y se interconectará con registros como el Banco Nacional de Datos Forenses y administrativos, pero también con cualquier sistema de información de particulares que presten servicios financieros, de transporte, de salud física y mental, de telecomunicaciones, educación, paquetería e incluso religiosos, entre otros.
Además, crea la Base de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas no Localizadas que será operada por el Secretariados Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y deberá ser actualizada en tiempo real por las Fiscalías Especializadas.
Agrega que toda autoridad y particular de cualquier naturaleza que tenga a su cargo datos biométricos o identificativos de personas, deberá permitir a las Fiscalías, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y las policías a la Comisión Nacional de Búsqueda y a sus pares locales la consulta inmediata de la información referente a las personas desaparecidas para su búsqueda.
Durante el debate, la oposición calificó la reforma como un engaño, porque con el pretexto de la búsqueda de personas y sólo con la CURP, instituciones como las fiscalías, corporaciones de seguridad o la Guardia Nacional tendrán acceso a la geolocalización de las personas en tiempo real, a información sobre qué compran, sus telecomunicaciones, si tienen algún padecimiento, su tipo de sangre e incluso la religión que profesan.
Todo esto, agregaron, sin mecanismos de control para evitar que funcionarios corruptos o coludidos con el crimen organizado usen de manera indebida los datos o para impedir que éstos sean hackeados, como ya ha ocurrido.
