JUSTICIA

Autoridades militares desmantelan laboratorio clandestino

En apoyo a autoridades estatales y municipales, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional ubicaron y desmantelaron, en Baja California, un laboratorio clandestino en el que se elaboraban drogas sintéticas, las que se estima eran ingresadas, para su venta y consumo, a Estados Unidos. Hasta el momento no se ha informado de detenidos.

Reportes oficiales refieren que la ilegal negociación, que se encuentra bajo resguardo y vigilancia de autoridades policiales, militares y ministeriales, se ubicaba en el municipio de Ensenada y que durante las acciones no se registraron incidentes entre las partes, pero se confirmó que no hubo detenciones, por lo que las investigaciones continúan por parte de autoridades policiales de la Federación.

De acuerdo con los reportes, los militares realizaban labores de reconocimiento cuando fueron informados por vecinos de la zona que en un inmueble se realizaban actividades por demás sospechosas, por lo que establecieron acciones de vigilancia, al tiempo que se solicitaba a las autoridades jurisdiccionales, por medio del Ministerio Público Federal, orden de cateo.

Una vez que las autoridades del Poder Judicial obsequiaron el referido mandamiento, los militares, en apoyo a autoridades estatales y municipales, ingresaron a la propiedad, estableciendo que la misma había sido habilitada como laboratorio del crimen organizado para la producción, presuntamente a gran escala, de drogas sintéticas, entre las que se estima estaría el fentanilo.

Se destacó que durante la inspección las autoridades militares decomisaron dos toneladas 400 kilos de diversas sustancias químicas, más de siete mil litros de precursores químicos, siete reactores, igual número de condensadores, varias centrifugadoras, diversos utensilios y 15 tanques de gas licuado de petróleo, artículos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Finalmente, las autoridades militares reiteraron su decisión de continuar apoyando a autoridades de los tres niveles de gobierno en la lucha contra cualquier manifestación de delitos y con ello garantizar y fortalecer la seguridad y tranquilidad que con justicia demandan los ciudadanos.

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