Por Martha Romero
Los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con Procuración y Administración de Justicia aprobaron la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, misma que tiene como fin que la aplicación del procedimiento abreviado también sea una facultad de las personas imputadas, y no exclusivamente del ministerio público a nivel nacional.
Durante el análisis de la propuesta, se señaló que tan solo en el 2023, en el fuero federal, de cuatro mil 957 causas penales concluidas, tres mil 404 concluyeron por sentencias definitivas condenatorias resultado de procedimientos abreviados, es decir, el 68.7% del total de los casos resueltos.
Las y los legisladores coincidieron en señalar que con el respaldo a esta iniciativa, el Congreso del Estado de México acerca a la población un sistema de justicia pronta y expedita, más accesible, eficiente y humana.
La reforma, que de aprobarse por el Pleno legislativo se turnaría al Congreso de la Unión, puntualiza que la persona imputada podrá por sí misma, o a través de su defensa, solicitar el procedimiento abreviado, siempre y cuando no exista oposición del ministerio público y, de ser el caso, la autoridad deberá justificarlo.
El legislador Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, presidente de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales resaltó la importancia de la propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales porque marca el inicio de una nueva era, cuya esencia radica en un principio fundamental que es la igualdad ante la ley.
Refirió que brindar la oportunidad a la persona imputada, o a su defensa, de solicitar el procedimiento abreviado, se derriban barreras que obstaculizan el acceso a la justicia, por lo que la reforma no sólo es un cambio legislativo, sino un acto de compromiso con los derechos humanos y las garantías procesales de las personas involucradas en un proceso penal y se reducirán costos judiciales.
Añadió que con su aprobación el Congreso Mexiquense demuestra su servicio al pueblo, construyendo un sistema de justicia sin discriminación, retrasos y sin olvidar a nadie, además de que envía el mensaje de que la justicia no es un privilegio, sino un derecho para todos y para todas.