Por Karina A. Rocha Priego
La batalla por ganar la aprobación para la Reforma al Poder Judicial está ganando terreno; los principales interesados, aseguran que los mexicanos “están a favor” pero no demuestran el hecho; el que sí, es que aseguren que el Congreso aprobará dicha reforma para “quedar bien” con el Presidente Andrés Manuel López Obrador aunque no estén de acuerdo, además, los expertos aseguran que “no es tan fácil” lo que están haciendo, es bastante complejo su funcionamiento y debe ser analizado con responsabilidad.
Recordemos que desde el pasado 27 de junio, iniciaron los foros sobre la reforma al Poder Judicial, donde participan la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esto con el fin de analizar y debatir el contenido de las 20 propuestas de reforma enviadas por López Obrador el pasado 5 de febrero, dando inicio con la del Poder Judicial.
Sin embargo, se argumenta que dichos foros y supuestas encuestas llevadas a cabo sobre la Reforma, han sido “meros formulismos” en un afán de “desviar la atención” de los ciudadanos respecto a lo que se está haciendo en materia judicial. De antemano, se ha dicho que esta reforma, corresponde “a la necesidad” de la actual administración federal, de “acaparar todo el poder” del Estado en sus manos, para concluir la introducción de este país a un sistema socialista que mantenga el control sobre los ciudadanos.
Como sea, “el teatro se está haciendo”; hay resistencia, de ahí que se estén llevando a cabo 9 foros, de acuerdo con la solicitud de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). En las sesiones participan diputados, diputadas, coordinadores parlamentarios y legisladores electos; así como los 11 ministros y ministras de la SCJN, representantes de la Asociación de Tribunales de Justicia de las 32 entidades, representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial, el Fiscal General de Justicia de la República y otros representantes sugeridos por la Jucopo.
Los mexicanos, comunes y corrientes deben saber lo que se pretende con esta Reforma al Poder Judicial que, si bien es cierto ya era hora de que se hiciera una revisión exhaustiva del sistema, también lo es que no se puede ir a los extremos.
Y, aunque ya se ha dicho muchas veces esto, tenemos que dar a conocer cuál es la propuesta presidencial sobre esta reforma, empezando por la Reducción de la Corte, que plantea bajar de 11 a 9 el número de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La duración de su encargo será de 8, 12 o 14 años, menos que la fórmula actual.
Que Ministros y jueces se elijan en urnas; siendo esta la propuesta más polémica, ya que busca cambiar el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, para que éstos, principalmente ministros, magistrados y jueces de distrito sean elegidos por el pueblo, sin embargo, esto no debería ser aprobado, ya que quienes llegan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación es porque tienen la capacidad, conocimiento y sobre todo trayectoria para llegar hasta ese punto; con la propuesta amlista, se corren dos grandes riesgos: el primero que se elija a cualquier hijo de vecino como juez o magistrado sin conocimientos legales o que se pacte para elegir a narco jueces o narco magistrados, convirtiendo a México en un “narco país” como tantas veces se ha dicho, donde la seguridad y la vida de “los más” corre graves riesgos.
Además, si la elección de magistrados y jueces se lleva a cabo como se llevó a cabo la elección presidencial recientemente llevada a cabo, estarán de acuerdo en que, quienes lleguen a esos cargos, serán “jueces y magistrados a modo”, para seguir manipulando la justicia mexicana a favor de unos cuantos.
Sin embargo, de ser aprobado lo anterior, las elecciones se realizarían cada tres años, de manera concurrente con las elecciones federales ya sea para elección presidencial o de renovación de la Cámara de Diputados. Las y los candidatos a dichos cargos serán propuestos en partes iguales por la Presidencia de la República, el Con-greso de la Unión y el Poder Judicial.
Por otro lado, se crearían Dos órganos regulatorios; aquí la reforma sugiere la transformación del actual Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a los dos nuevos órganos, uno para administrar el sistema en su conjunto, incluyendo a la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, así como un Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos supervisarían también a la Corte.
En tanto, se abre la posibilidad de que cualquier persona o autoridad pueda presentar denuncias contra los ministros, los magistrados, los jueces y el personal del Poder Judicial en su totalidad.
Plazos para resolver conflictos, que establece regular los tiempos en los que el sistema judicial resuelve los casos presentados, para ello, se establece que las controversias deben ser resueltas en un periodo máximo de seis meses y, en caso de que no se logre una sentencia en dicho plazo, el Tribunal de Disciplina tendrá que investigar la razón de la de-mora y ordenar algún procedimiento o sanción.
Por último, la reforma incluye un Sistema replicado en todo el país, donde se establece que las entidades federativas tendrán que reformar su legislación local para “garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como la elección por voto directo y secreto de la ciudadanía”, además de la creación de órganos independientes para su administración y disciplina.
El plazo para que los estados realicen estos cambios será de 180 días una vez que la reforma sea promulgada.
Algunos analistas ponen en una balanza los pros y contras de la Reforma Judicial; los PROS, según exponen, son:
Democratización del Poder Judicial.
La propuesta busca que ministros, magistrados y jueces sean elegidos a través del voto popular, lo que podría incrementar la representatividad y la legitimidad de estos cargos.
Transparencia y rendición de cuentas.
Se espera que la reforma promueva una mayor transparencia en el manejo del presupuesto y las decisiones del Poder Judicial. Se dice que el Poder Judicial se encuentra secuestrado por el crimen organizado y por los de “cuello blanco” bajo honorables excepciones.
Reducción de la corrupción.
Al eliminar la discrecionalidad en los nombramientos y fortalecer los concursos para ocupar cargos, se busca reducir las prácticas corruptas.
Aquí se busca desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal, lo que podría simplificar la estructura del poder judicial y reducir las oportunidades para la corrupción administrativa. También, se retiraría la pensión vitalicia a los ministros de la Corte, evitando así que los mismos se beneficien de manera desproporcionada después de su retiro, promoviendo una mayor equidad en el sistema.
En cuanto a los CONTRAS están:
Incertidumbre en los mercados y la sociedad
La reforma ha causado preocupación entre inversores y grupos civiles, temiendo que pueda afectar el Estado de derecho. Los mercados financieros pueden percibir la reforma como un riesgo para la estabilidad institucional, lo que podría afectar la confianza de los inversores y, por ende, la moneda nacional.
Posible politización de la justicia
Al ser los jueces y magistrados elegidos por voto popular, existe el riesgo de que el Poder Judicial se vea influenciado por la política partidista. Esto podría resultar en que los funcionarios judiciales favorezcan a ciertos grupos políticos o tomen decisiones basadas en la popularidad en lugar de la ley.
La propuesta presidencial avanza, sin embargo, falta mucho para que la Reforma Judicial pueda ser “la respuesta correcta para asegurar una justicia pronta y expedita, así como transparente pero”, lo que más ha sido señalado con esta propuesta, es el ataque sistemático que reciben del Gobierno Federal jueces y magistrados, como si éstos “fueran los malos del cuento” cuando, en realidad, esos defienden lo que, por décadas, se ha construido como un sistema judicial acorde a los tiempos y las necesidades de los mexicanos.
