* Los transportistas del Estado de México, han convertido los bloqueos en su principal herramienta de presión, afectando a miles de ciudadanos cada vez que exigen respuestas del gobierno……
* La protesta legítima se ha transformado en chantaje vial, donde la justicia se confunde con el caos y la ciudadanía paga el precio de la impunidad……
Por Martha Romero
Anuncian bloqueo y marcha de transportistas en Edomex hoy lunes 3 de noviembre, la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAA) denunció el presunto secuestro de Fernando Galindo en Jilotepec, una situación lamentable, sin duda, pero que nuevamente pone sobre la mesa el uso de los bloqueos como instrumento de presión, generando caos, afectando a miles de ciudadanos y paralizando la movilidad en uno de los estados más transitados del país.
Una cosa es exigir justicia y otra muy distinta es tomar como rehén a toda una sociedad que también sufre las consecuencias de la inseguridad y que cada vez que un grupo de transportistas decide cerrar calles, avenidas o autopistas, termina pagando por una causa que no le corresponde, esta vez, los cierres se anuncian en las principales vías del Estado de México, incluyendo la México-Querétaro, el Circuito Exterior Mexiquense y el Arco Norte, tres arterias vitales para el tránsito nacional, y todo, bajo el argumento de exigir celeridad en una investigación que, como tantas otras, debe seguir su cauce institucional.
El problema de fondo no es la desaparición de una persona, sino la forma en que ciertos sectores del transporte han convertido la protesta en su modo favorito de obtener atención, cada incidente se convierte en pretexto para paralizar al estado, colapsar ciudades y poner en jaque la paciencia de miles de automovilistas, trabajadores y estudiantes, que terminan atrapados durante horas, sin poder llegar a sus destinos, sin entender por qué tienen que ser ellos los que paguen los costos de una protesta ajena.
No es la primera vez ni será la última, el caso de Jilotepec recuerda episodios recientes donde, ante cualquier conflicto interno, los transportistas optan por la vía más disruptiva posible, no por falta de alternativas, sino porque saben que el impacto mediático de un bloqueo masivo es más rentable que una reunión con las autoridades, saben que basta cerrar una autopista durante unas horas para forzar la intervención del gobierno estatal o incluso federal, y así logran sentarse a negociar bajo presión, sin importar los daños colaterales que provocan.
La desaparición de Fernando Galindo, un hombre de 69 años, es un hecho grave y merece atención, sin embargo, el reclamo legítimo se diluye cuando se convierte en chantaje colectivo, los integrantes de la AAA argumentan que su movilización es una expresión de hartazgo ante la delincuencia organizada, pero el mensaje termina perdiendo fuerza cuando se traduce en una afectación masiva a terceros, el discurso de “no a la delincuencia” pierde legitimidad cuando, en la práctica, se adoptan las mismas tácticas de coerción que ellos dicen combatir.
El Estado de México vive una crisis de movilidad constante, agravada por la falta de control sobre las organizaciones de transportistas que operan como grupos de poder paralelos a la autoridad, durante años se les ha permitido actuar con total impunidad, tomar calles, secuestrar vialidades y frenar el tránsito sin consecuencia alguna, lo que ha generado una cultura de la protesta sin límites, donde cualquier desacuerdo se traduce en bloqueos, donde la amenaza de colapsar una autopista se usa como moneda de cambio en negociaciones políticas o gremiales.
El gobierno estatal, débil y reactivo, ha contribuido a este escenario, cediendo una y otra vez ante la presión de los transportistas, enviando patrullas solo para “vigilar” y no para liberar las vías, tolerando una práctica que hoy parece normalizada, pero que en realidad es síntoma de la pérdida de autoridad y del vacío institucional, mientras los ciudadanos son quienes sufren las consecuencias de la parálisis, los dirigentes de estas agrupaciones aprovechan el caos para ganar protagonismo y proyectar fuerza.
El colmo de la ironía es que muchas veces, después de horas de bloqueo, los propios líderes anuncian que se retirarán “por respeto a la ciudadanía”, como si el daño ya causado pudiera borrarse con un comunicado, la afectación a los sectores productivos, a los servicios de emergencia, al transporte público y a la vida diaria de millones de mexiquenses no se resuelve con disculpas, se resuelve con un Estado que ejerza autoridad y no permita que un grupo minoritario imponga su agenda por encima del interés colectivo.
Es cierto que la inseguridad en zonas como Jilotepec, Atlacomulco o Toluca es preocupante y que el crimen organizado ha ganado terreno, pero los bloqueos no son la solución, son una distracción, una válvula de escape que desvía la atención de los verdaderos responsables, el gobierno estatal y el federal, incapaces de garantizar condiciones mínimas de seguridad, cada vez que los transportistas cierran una carretera, los delincuentes celebran, porque mientras los ciudadanos están atrapados en el tráfico, ellos siguen operando con total libertad.
La protesta social es un derecho, pero los abusos lo desvirtúan, los transportistas del Estado de México han confundido la exigencia de justicia con la demostración de fuerza, han hecho de los bloqueos una costumbre peligrosa que normaliza el desorden y debilita el estado de derecho, el caso de Fernando Galindo debe investigarse y resolverse, pero el camino no es castigar a los inocentes, sino exigir a las autoridades resultados reales y castigo para los responsables.
El lunes 3 de noviembre no será un día de justicia, será otro episodio de caos vial y frustración ciudadana, otro recordatorio de que en el Estado de México, las carreteras son rehén de intereses particulares y de que los gobiernos siguen cediendo ante la presión del ruido y no ante la razón, el clamor de un gremio no puede estar por encima del derecho de millones a transitar libremente, y mientras no se ponga un alto firme, los bloqueos seguirán siendo el reflejo de un Estado que ya no gobierna, sino que solo administra el conflicto.
