Por Martha Romero
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez envío al Congreso Mexiquense una iniciativa que propone establecer en la Constitución estatal la garantía de los derechos a una pensión para las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como a todas las adultas mayores.
El documento propone el acceso a una vivienda adecuada; la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a personas trabajadoras del campo; así como un apoyo anual directo a personas productoras y a quienes se dediquen a la pesca, ambos en pequeña escala.
También contempla la prestación de servicios de rehabilitación y habilitación para las personas con discapacidad permanente, dando prioridad a niñas, niños y adolescentes.
Sobre el tema del derecho a una vivienda adecuada, propone que el Estado garantice de manera progresiva los instrumentos y apoyos necesarios, como esquemas flexibles y accesibles ante las limitaciones que enfrentan las juventudes para cubrir los costos de una renta digna, así como la falta de historial crediticio y de garantías financieras.
En cuanto al salario para personas trabajadoras del campo especifica que es por cultivo en sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, mientras que el apoyo para productores también incluye la entrega de fertilizantes.
La iniciativa prevé que el Estado destine anualmente los recursos presupuestarios necesarios y suficientes, con oportunidad y conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos establecidos en la Constitución que impliquen la transferencia de recursos directos hacia la población.
Además, establece que el monto de los recursos asignados no podrá disminuirse, en términos reales, respecto de lo asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Finalmente, señala que las pensiones no contributivas son un mecanismo esencial para garantizar el bienestar, pues se trata de prestaciones económicas destinadas a personas que carecen de recursos suficientes para subsistir, asegurando ingresos mínimos a sectores vulnerables, siendo relevantes para personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente, quienes deben ser protegidas por el Estado para garantizar su calidad de vida.
