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Buscan blindar programas sociales contra uso electoral

A fin de terminar con las malas prácticas de diferentes servidoras y servidores públicos que buscan confundir a los beneficiarios de los programas sociales para que voten en favor de algún actor político, institución o aspirante a algún cargo, el diputado Martín Zepeda Hernández, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso mexiquense, propuso que la política de Desarrollo Social se sujete al principio de neutralidad.

De acuerdo con la iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social de la entidad, por neutralidad deberá entenderse las condiciones para evitar el proselitismo y delimitar el accionar de las autoridades y servidores públicos para no sesgar los objetivos de los programas y acciones de desarrollo social.

Es verdad que existen regulaciones, reconoció el legislador, pero se enfocan solo a los periodos electorales y queda una zona gris en la que servidores públicos sin escrúpulos utilizan de manera sesgada los apoyos que otorga el estado a individuos o instituciones; práctica que daña la vida democrática del país, la entidad y los municipios.

El legislador dijo que las personas servidoras públicas se aprovechan de la vulnerabilidad de las y los beneficiarios al entregar los beneficios de los programas con expresiones coloquiales o publicidad que hacen referencia a determinados personajes públicos, o los amenazan con perder el beneficio si no se vota por tal persona.

El legislador explicó que la reforma no busca frenar la entrega de apoyos, sino que lleguen a todas y a todos, por lo que incurrirán en esta práctica no sólo quienes apoyen a un partido político con esta conducta, sino también a una institución, persona servidora público o cualquier persona física, y que tal actuar se equiparará con el abuso de funciones, que se sanciona conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

La propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Social de la entidad dictaminada por las comisiones de Desarrollo y Apoyo Social y Procuración y Administración de Justicia.

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