* Denuncian intento de cohecho y red de irregularidades; siete de ocho regidores han presentado denuncias ante instancias anticorrupción por diversas irregularidades……
Por Martha Romero
La tensión política en el Ayuntamiento de El Oro escaló luego de que siete de los ocho regidores, de todas las fuerzas políticas, presentarán denuncias ante instancias anticorrupción por una presunta red de irregularidades detectadas en apenas un mes, en plena revisión estatal a la administración municipal.
El señalamiento no se limita a la presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, también alcanza al exdiputado federal por Morena, Edgar Eduardo Arenas Madrigal, a quien los ediles acusan de presuntamente intentar generar cohecho con regidores para construir mayoría dentro del Cabildo y asegurar el control de decisiones administrativas sin cuestionamientos.
Los denunciantes señalaron un presunto intento por “comprar voluntades” para alterar votaciones y frenar contrapesos internos, ello con el fin de implementar una estrategia política para mantener el control del órgano colegiado en medio de la revisión estatal.
Entre las principales acusaciones están el pago de presuntas obras fantasma, usurpación de funciones en la tesorería, la promulgación ilegal del Bando Municipal sin aprobación del Cabildo, presuntos ofrecimientos indebidos a regidores, así como la presencia de “paleros” en las sesiones.
Los denunciantes advirtieron que, de confirmarse los hechos por las autoridades competentes, podrían configurarse delitos como cohecho, peculado, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, por lo que las consecuencias podrían ir desde inhabilitación y destitución, hasta procesos penales formales.
Una de las denuncias presentadas contra la alcaldesa fue ante la Contraloría del Poder Legislativo por el presunto desvío de recursos destinados al comercio local, donde el sindico municipal, Ubaldo Velázquez Piedra refirió que recabó evidencia audiovisual en la que Díaz Peñaloza admite que maneja los recursos del comercio, declaración que reforzaría el posible uso indebido de fondos públicos.
Este hecho, aseguran los denunciantes, representa un quebranto al erario municipal y podrían constituir delitos tanto de carácter administrativo como penal, por lo que también exigen a la Contraloría del Gobierno del Estado de México para que investigue a fondo y determine responsabilidades.
Otra de las denuncias de índole penal presentada por los ediles fue ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estatal, por la probable comisión de delitos en agravio del erario municipal debido a que la presidenta municipal maneja de manera directa recursos públicos municipales provenientes del comercio, mismos que no son ingresados ni registrados en la tesorería municipal, pese a su naturaleza pública.
En dicha denuncia refirieron que desde el pasado 19 de diciembre, la alcaldesa tomó el control directo de las cuentas municipales, negó el acceso al tesorero municipal y realizó pagos sin facultades legales. Además de que el 31 de diciembre se realizaron pagos de obra pública que carecen de contrato y que no fueron licitados.
De igual manera, en un oficio dirigido a Alejandro Viedma Velázquez, subsecretario general de Gobierno recordaron que de acuerdo con los compromisos establecidos con el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quién designó a Edgar Eduardo Arenas Madrigal como enlace, acordaron llevar a cabo una revisión objetiva de diversas acciones administrativas, sustentada en pruebas documentales.
Sin embargo, denunciaron que desde el inicio del proceso, el enlace mostró una postura claramente parcial a favor de la presidenta municipal, sin conducirse como una figura neutral y sin la intención real de cumplir los acuerdos establecidos con Duarte Olivares.
