* La soberbia oficial empuja a campesinos y transportistas al conflicto nacional……
* Anuncian otra movilización para el próximo 16 de diciembre……
Por Mary González
El anuncio de nuevas movilizaciones del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y de la Asociación Nacional de Transportistas, no es una amenaza gratuita ni un chantaje político, es la consecuencia directa de un gobierno que decidió cerrar los oídos mientras el campo se desangra, la reunión del 10 de diciembre con la Secretaría de Agricultura no solo terminó sin acuerdos, terminó confirmando que para la burocracia federal, el campo no es prioridad, es un problema incómodo que se patea hacia adelante con discursos vacíos y excusas presupuestales.
Que el 16 de diciembre tractores, maquinaria y transportistas vuelvan a las carreteras, no debería sorprender a nadie, lo verdaderamente alarmante es que el gobierno parezca dispuesto a empujar el conflicto hasta el límite, apostando a que el desgaste social desmovilice a quienes producen los alimentos de este país, la estrategia es vieja, ignorar, minimizar, prometer mesas de diálogo que no dialogan y cuando la presión crece culpar a los manifestantes por las afectaciones económicas.
La postura asumida por la SADER durante la reunión encabezada por Leonel Efraín Cota Montaño, es reveladora; calificar de imposible la propuesta del sector y escudarse en la falta de recursos, no es un argumento técnico, es una declaración política, significa que el gobierno decidió que el rescate del campo no está en su agenda, mientras se destinan miles de millones a proyectos de dudosa rentabilidad social, al productor agrícola se le pide paciencia, sacrificio y resignación.
El campo mexicano no enfrenta una crisis coyuntural, enfrenta una política sistemática de abandono, la descapitalización no es un accidente, es el resultado de haber eliminado apoyos, de haber entregado el mercado interno a importaciones baratas, de haber permitido que intermediarios y grandes corporaciones se queden con la ganancia mientras el productor vende por debajo de sus costos, en ese contexto, exigir precios justos no es radicalismo, es una demanda de supervivencia.
Sacar los granos básicos del T MEC por razones de seguridad nacional, no es una ocurrencia ideológica, es una advertencia estratégica, ningún país serio deja su alimentación en manos del mercado internacional, menos aún cuando los subsidios agrícolas de Estados Unidos y Canadá distorsionan la competencia, mientras allá se protege al productor, en México se le deja competir en desigualdad y luego se le culpa por no ser eficiente.
La exigencia de créditos accesibles, revela otra contradicción, el discurso oficial presume inclusión financiera, pero en la práctica el campesino no accede a financiamiento, los bancos no prestan al campo, la banca de desarrollo es insuficiente y los programas existentes no alcanzan para revertir años de abandono, sin crédito no hay inversión, sin inversión no hay productividad y sin productividad no hay soberanía alimentaria.
Restablecer mecanismos de acopio y comercialización es otra herida abierta, el desmantelamiento de estos esquemas, dejó al productor a merced de coyotes y grandes compradores, el gobierno que se dice enemigo de los intermediarios, permitió que el mercado agrícola se concentrara aún más, hoy el campesino produce, asume el riesgo y recibe la menor parte del valor, mientras otros capturan la ganancia sin sembrar una sola hectárea.
La creación de una reserva alimentaria nacional es quizá la demanda más estratégica y al mismo tiempo, la más ignorada, en un mundo marcado por crisis climáticas, conflictos internacionales y volatilidad de precios, México carece de un respaldo real para garantizar abasto, depender del exterior no es modernidad, es vulnerabilidad, pero la visión de corto plazo domina a una administración que prefiere importar barato hoy aunque mañana el costo político y social sea mayor.
Las movilizaciones anunciadas para el 16 de diciembre, con la posibilidad de bloquear carreteras, casetas, aduanas y puertos, son la última herramienta de presión de un sector acorralado y criminalizar estas acciones, sería una salida fácil y profundamente irresponsable, el conflicto no lo generan los campesinos ni los transportistas, lo genera un gobierno que prometió rescatar al campo y terminó administrando su agonía.
El megabloqueo del 24 de noviembre fue una señal clara, en al menos 20 estados el malestar es real y transversal, no se trata de un liderazgo aislado ni de un grupo minoritario, es un hartazgo acumulado que atraviesa regiones, cultivos y cadenas productivas, ignorarlo es jugar con fuego en un país donde la estabilidad social depende, en gran medida, de su capacidad para producir alimentos.
Si el gobierno insiste en descalificar, en negar recursos y en simular diálogo, el conflicto escalará, no por capricho, sino por necesidad, el campo ya no tiene margen, cada ciclo agrícola perdido, es un productor menos; cada cosecha vendida a pérdida, es un paso más hacia el abandono de la tierra y, cuando el campo se vacía, el país entero paga las consecuencias.
El 16 de diciembre no será solo una fecha de movilización, será una prueba de voluntad política, o el gobierno entiende que sin campo no hay nación, o seguirá administrando protestas, mientras la soberanía alimentaria se convierte en un discurso hueco, el campo habló, la pregunta es si alguien en el poder está dispuesto a escuchar antes de que el conflicto sea irreversible.
