La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México pidió al gobierno estatal aplicar la ley con firmeza contra el transporte irregular, al advertir que el incremento de dos pesos autorizado a la tarifa del servicio público no resolverá la crisis del sector mientras las rutas pirata operan sin control.
El acuerdo, publicado el 10 de octubre en la Gaceta de Gobierno, fija la nueva tarifa base en 14 pesos por los primeros cinco kilómetros para el servicio colectivo y 11 pesos para el mixto, con un costo adicional de 25 centavos por kilómetro excedente.
La medida entrará en vigor el miércoles 15 de octubre y establece además una reestructura obligatoria para las empresas concesionarias.
El delegado de Canapat en el Estado de México, Odilón López Nava, reconoció que el ajuste representa un alivio limitado para el sector, que desde 2020 opera con una tarifa congelada pese al aumento sostenido de combustibles, refacciones y seguros.
Sin embargo, señaló que el incremento sólo tendrá efecto si el gobierno actúa contra el transporte pirata.
“Si todo se deja a la tarifa, no va a ser suficiente. Se necesita una intervención real de la Secretaría de Movilidad, fiscalizando, sancionando e incluso revocando concesiones donde sea necesario”, afirmó.
De acuerdo con el dirigente, el transporte irregular -integrado por vagonetas, taxis colectivos y unidades sin registro- se ha extendido en zonas como el Valle de Toluca, el oriente y el norte del estado, lo que genera pérdidas para los concesionarios formales y riesgos para los usuarios.
“Ese transporte no paga derechos, no tiene seguros ni control alguno. Mientras siga circulando, cualquier medida económica queda neutralizada”, señaló.
El decreto estatal también obliga a los concesionarios a renovar unidades conforme a su vida útil, instalar cámaras de videovigilancia, mantener seguros vigentes y adoptar la cromática Movimex antes de diciembre.
López Nava aseguró que los afiliados a la Canapat están dispuestos a cumplir con estos lineamientos, pero exigió que el Estado garantice piso parejo.
“Queremos que se fiscalice a todos, incluidos los que operan al margen de la ley. De lo contrario, se castiga a quienes cumplen y se tolera a quienes lucran sin regulación”.
El delegado recordó que el transporte público mexiquense arrastra un problema de fiscalización insuficiente.
Dijo que, aunque el Instituto del Transporte realiza verificaciones, la mayoría de los operativos se concentran en los corredores formales y deja sin revisión a cientos de rutas irregulares.
“El rescate operativo del transporte depende del trabajo del Estado. El incremento tarifario debe acompañarse de una supervisión real y sostenida”, sostuvo.
López Nava añadió que el gremio revisa los alcances administrativos del decreto publicado en Gaceta, en particular los procedimientos de registro, la conversión de permisos individuales a concesiones únicas y los mecanismos tecnológicos para la validación de datos.
“Estamos evaluando punto por punto para presentar observaciones al Instituto del Transporte. Lo que necesitamos es certeza en la aplicación, no sólo del aumento, sino de las obligaciones que el propio acuerdo establece”, concluyó.
El acuerdo instruye a las empresas concesionarias a mantener limpias las unidades, priorizar el mantenimiento preventivo, capacitar a operadores, garantizar pólizas vigentes y cumplir con la revisión físico-mecánica periódica.
Asimismo, reitera que las personas adultas mayores seguirán pagando 12 pesos al presentar su credencial del INAPAM, mientras que los niños menores de cinco años viajarán sin costo.
Con esta disposición, la Secretaría de Movilidad aseguró que el incremento no aplicará a los sectores vulnerables, aunque el gremio transportista insistió en que la eficacia del ajuste dependerá de que el Estado haga cumplir la ley frente al transporte irregular.
