Hoy entra en vigor la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta medida, anunciada por el Departamento de Estado, incluye al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, tras ser publicada en el Registro Federal de Estados Unidos.
Esta medida permitirá al gobierno de Estados Unidos congelar los activos de estos grupos, restringir el apoyo financiero y ampliar la jurisdicción de sus agencias de seguridad lo que significaría que las autoridades del vecino país podrían incursionar en territorio nacional para combatirlos y, como lo anunciara la administración Trump, borrarlos de la faz de la Tierra.
La decisión se basa en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado 20 de enero de 2025, que busca clasificar a los principales grupos criminales bajo la misma categoría que organizaciones terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico (ISIS)
Esta medida, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos y tiene como objetivo combatir el narcotráfico y la violencia asociada. La designación permite imponer sanciones financieras, restricciones de viaje y otras acciones contra los miembros y asociados de estos cárteles.
Esta designación representa un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional, pero también ha generado debates sobre las implicaciones para la soberanía y las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se opuso a la medida, asegurando que no permitirá acciones extraterritoriales que dañen la soberanía nacional. Enfatizó la necesidad de una colaboración respetuosa y coordinada entre ambos países para enfrentar el crimen organizado.
Esta designación se produce en un contexto de creciente preocupación en Estados Unidos por el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas provenientes de México, que han contribuido a una crisis de salud pública en el país. Se estima que en 2023, más de 70 mil muertes en Estados Unidos fueron atribuidas a sobredosis de opioides, en su mayoría relacionadas con el fentanilo.
La medida también coincide con el incremento de operaciones de vigilancia por parte de agencias estadounidenses, como la CIA, que han intensificado el uso de drones para monitorear las actividades de los cárteles en territorio mexicano. Estas operaciones han sido objeto de debate, con autoridades mexicanas subrayando la importancia de respetar la soberanía nacional y la necesidad de una colaboración basada en el respeto mutuo.
La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras marca un cambio significativo en la estrategia de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la violencia asociada. Esta medida podría abrir la puerta a acciones más contundentes, incluyendo sanciones económicas y, potencialmente, intervenciones militares, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación bilateral y la eficacia de estas estrategias en la lucha contra el crimen organizado.
Además de estos cárteles mexicanos, también fueron designados como terroristas tres grupos criminales no mexicanos: el Tren de Aragua de Venezuela, la Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador y Estados Unidos, y el Clan del Golfo de Colombia.
