En México, el 30 % de los combustibles que se venden en el país proviene del robo a los ductos de Pemex y el huachicol fiscal, problemas que no fueron abordados en la nueva legislación.
Durante su participación en el “Taller sobre Energía” del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la consultora independiente Anasol Muñoz aseguró que esta situación podría incentivar aún más estos ilícitos.
Aseguró que si bien se mantiene el robo a los ductos, el volumen es menor en comparación con lo que se roban desde las terminales y las refinerías, a lo cual se deben sumar los grandes volúmenes de combustible que se interna al país bajo una fracción arancelaria distinta para evitar el pago de impuestos.
Estas circunstancias que están provocando importantes pérdidas no sólo a Petróleos Mexicanos (Pemex), sino sobre todo en la recaudación fiscal y, por otro lado, los daños a los autos de los consumidores finales, pues es combustible que no cumple con los estándares de calidad.
Dijo que durante el sexenio pasado se buscó combatir esta situación. Sin embargo, la experta considera que la estrategia no fue la correcta, toda vez que la corrupción en las aduanas es uno de los principales problemas.
Esta situación está generando que en el mercado se vendan combustibles sin la calidad que señala la normatividad, lo que además de generar una mayor contaminación, también daña los autos y por ende a los clientes finales.
Por su parte, Carla Gabriela González, directora general de la firma de evaluación de cumplimiento regulatorio BLIN-CO, dijo que la manera en que se permitirá la participación de la iniciativa privada en los proyectos petroleros es muy distinta a los esquemas del pasado.
Al cuestionarles cuáles podrían ser las empresas beneficiadas con este modelo, Jesús Carrillo, director de Economía del Imco, dijo esto permitirá una atracción de inversiones por parte de compañías que cuenten con un modelo de negocios diversificado como es el caso de Grupo Carso.
“Quien pueda hacer eso, casi seguro tiene diferentes negocios en el portafolio”.
Pero, durante el taller, expertos coincidieron en que la transparencia es uno de los factores que tampoco se abordan en la ley, lo que genera incertidumbre entre los inversionistas, no sólo para el sector de hidrocarburos, sino también en electricidad.
Con Peña Nieto, la reforma planteaba que el Estado seguía siendo el único con derecho de explotar los recursos, pero la reforma abrió la puerta a contratos con particulares, permitiendo su participación en actividades como el transporte, almacenamiento y distribución de estos recursos.
Sin embargo, con la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum esto quedó de diferente manera, ya que se expidieron ocho leyes clave, incluyendo la Ley de la CFE, Pemex, sector eléctrico e hidrocarburos. Además, se reformaron otras tres leyes para fortalecer el marco regulatorio energético.
