Por Martha Romero
La amnistía a Tomás “N” otorgada por la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México es un trabajo en equipo entre los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, aseguró el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Celebró la amnistía para Tomás Gabriel Crisanto, indígena otomí sentenciado por homicidio calificado, pues se acreditaron violaciones graves a sus derechos humanos y al debido proceso durante su juicio.
Manifestó su satisfacción porque, gracias a la Ley de Amnistía que fue aprobada el 17 de diciembre de 2020 y está vigente desde el 5 de enero de 2021, se logró la liberación de una persona indefensa que pasó casi 13 años en prisión acusada de un delito que no cometió.
El también coordinador de la bancada de Morena señaló que en las comisiones analizan una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para reformar la Ley de Amnistía estatal.
Explicó que la propuesta busca otorgar el indulto a mujeres acusadas o sentenciadas que no fueron juzgadas con perspectiva de género o de derechos humanos, así como a personas que cometieron delitos en condiciones de vulnerabilidad, desventaja, asimetría o dentro de alguna categoría considerada sospechosa.
Con estos dos nuevos supuestos, dijo, se busca promover una justicia más equitativa y restaurativa, en consonancia con el marco constitucional vigente.
Por último, refirió que se destaca que la amnistía constituye una herramienta correctiva del sistema de justicia penal, destinada a prevenir decisiones basadas en prejuicios o a garantizar que se consideren las desigualdades que pudieron afectar el debido proceso.
