El bloqueo del Periférico Norte en Naucalpan durante más de cinco horas no solo evidenció la capacidad de presión de los centros de Alcohólicos Anónimos, también expuso una realidad mucho más incómoda, la fragilidad de un sistema de rehabilitación que oscila entre la necesidad urgente y la ausencia de regulación efectiva, dejando en medio a personas vulnerables que buscan salir del alcoholismo pero que pueden terminar expuestas a prácticas extremas.
Centros necesarios, pero bajo sospecha
La exigencia de reabrir 34 centros clausurados revela el tamaño del problema, la demanda de espacios de rehabilitación supera con creces la oferta institucional, obligando a miles de personas a recurrir a estos centros que, aunque cumplen una función social importante, operan en muchos casos sin supervisión clara, sin protocolos homologados y sin garantías mínimas de seguridad.
No se puede ignorar que para muchas familias estos espacios representan la única opción frente al abandono del sistema de salud pública, una puerta de salida para quienes han perdido el control sobre el consumo de alcohol, pero tampoco se puede cerrar los ojos ante los riesgos que implica su operación irregular.
El riesgo de las terapias extremas
Diversos señalamientos han puesto sobre la mesa prácticas que van desde métodos coercitivos hasta terapias físicas y psicológicas sin sustento profesional, dinámicas que pueden derivar en abusos, violencia o incluso daños graves a la salud de los internos, todo esto en un entorno donde la supervisión gubernamental es prácticamente inexistente o llega solo después de denuncias.
El problema no es menor, porque quienes ingresan a estos centros lo hacen en condiciones de vulnerabilidad, buscando ayuda, no castigo, y sin embargo pueden encontrarse con esquemas que rayan en lo punitivo, en lo clandestino, en lo peligrosamente improvisado.
Autoridad reactiva, no preventiva
La actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, basada en clausuras tras detectar irregularidades, refleja un modelo reactivo, se interviene cuando el problema ya existe, cuando el daño ya ocurrió o cuando las condiciones son insostenibles, pero no hay una política integral que garantice que estos espacios operen bajo estándares claros desde el inicio.
Esto genera un círculo vicioso, centros que abren sin regulación, denuncias que tardan en llegar, operativos que clausuran sin ofrecer alternativas inmediatas, y personas que quedan nuevamente sin opciones, empujadas otra vez al consumo o a buscar espacios igual de precarios.
El caos como forma de presión
El bloqueo que paralizó una de las principales vialidades del Valle de México fue una muestra de la tensión acumulada, una protesta que afectó a miles de automovilistas pero que al mismo tiempo refleja la desesperación de quienes dependen de estos centros para sostener procesos de rehabilitación.
Sin embargo, el fondo del conflicto sigue intacto, la falta de un modelo serio, regulado y supervisado que reconozca la importancia de estos espacios sin permitir que se conviertan en zonas de riesgo.
Entre el abandono y la urgencia
El Estado de México enfrenta una contradicción evidente, necesita estos centros para contener el avance del alcoholismo, pero ha sido incapaz de garantizar que operen de manera segura, el resultado es un sistema improvisado donde la ayuda y el peligro conviven en el mismo lugar.
La solución no pasa solo por clausurar ni por permitir operar sin control, pasa por asumir la responsabilidad de regular, supervisar y profesionalizar estos espacios, antes de que la rehabilitación siga dependiendo de la suerte y no de condiciones dignas y seguras para quienes buscan una segunda oportunidad.
