Tras las últimas denuncias presentadas en contra de altos mandos en distintas dependencias públicas, que dejaron al descubierto una red delictiva que permitía el tráfico de huachicol por los más importantes puertos del país, se sabe que funcionarios, militares y empresas coordinaron la entrada de huachicol fiscal por puertos vigilados por la Marina, con sobornos, falsos registros y complicidades institucionales; la red operaba vía la app Trema y pagos en efectivo hasta que el caso del buque Challenge Procyon reveló el esquema.
La investigación llevada a cabo por el Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC) documentó que el entramado combinaba planeación digital, complicidades institucionales y un esquema de sobornos en efectivo.
La ruta comenzaba en la aplicación Trema, en la que un enlace identificado como “NK” coordinaba las operaciones, desde ahí se enviaban listas de funcionarios militares y civiles que recibirían los barcos con combustible que se declaraba como aceite o aditivo, se asignaban responsabilidades y se organizaban los pagos.
Se destaca que, en algunos casos, otros contactos (“O”, “YR”, “KM”) actuaban como subenlaces para mantener la comunicación en tiempo real.
Después del primer paso, personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) y la Capitanía de Puerto definían los horarios y muelles de atraque, frecuentemente durante fines de semana o turnos nocturnos, para facilitar el ingreso de los buques sin inspecciones exhaustivas; es ahí donde se decidía en qué recinto fiscal se realizaría la maniobra (por ejemplo, muelles 289 o 290).
Cuando el buque se aproximaba, los mandos portuarios emitían “luz verde” para el ingreso y descarga, aun cuando los manifiestos declaraban falsamente las cargas como “aditivos para aceite”, en varios casos, las alertas de seguridad nunca se activaron.
El operativo de revisión involucraba al personal de operaciones, binomios caninos y la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), sin embargo, su función era principalmente dar cobertura militar a la maniobra.
De igual manera, para la revisión, en el muelle se tomaban muestras con el equipo Géminis que es un dispositivo de espectroscopia portátil que usan aduanas, Ejército y fuerzas de seguridad para identificar sustancias químicas en campo, como drogas, explosivos o hidrocarburos. que casi siempre arrojaba resultados “negativos”.
Se detalla en las investigaciones que esas muestras se enviaban al laboratorio central de la Agencia Nacional de Aduanas de México, cuyos análisis demoraban semanas, mientras la descarga continuaba, en algunos casos, verificadores sustituían las muestras con frascos preparados para cerrar los procedimientos administrativos.
Una vez liberado el producto, se trasvasaba a decenas de pipas que lo distribuían fuera del recinto. Transportistas y empresas vinculadas participaban en los traslados; ASIPONA y las terminales locales coordinaban el acceso de los vehículos.
En ese contexto, la Fiscalía General de la República identificó firmas ligadas al esquema, así como agencias aduanales y representantes comerciales, por ejemplo, de la empresa Intanza, encargados de tramitar documentación y cubrir los movimientos.
Después de cada arribo, el enlace “NK” instruía sobre las entregas de dinero, los pagos se realizaban en estacionamientos o centros comerciales, como Plaza Laguna o Chedraui, en sobres o cajas de perfume, el dinero se distribuía entre funcionarios de turno, subdirectores y jefes de área; el resto se “resguardaba” como fondo para futuras operaciones.
La red aseguraba su control mediante rotación de personal y la colocación de “gente de confianza” en puestos estratégicos: adscripciones, subdirecciones o jefaturas; el objetivo era garantizar lealtad y silencio dentro de las aduanas y mandos navales.
La misma investigación destaca que el esquema comenzó a colapsar tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon, que permitió detectar irregularidades en los registros y en las muestras. La investigación trajo como consecuencia cateos y órdenes judiciales, lo que reveló también el posible vínculo con hechos violentos relacionados con el mismo modo de operación.
La Fiscalía advirtió que, por la naturaleza de los implicados, con entrenamiento militar y acceso a sistemas sensibles, existe riesgo de alteración o destrucción de pruebas, incluyendo discos duros, registros portuarios y equipos de monitoreo, por ello se solicitaron medidas cautelares y protección a testigos.
