La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dijo preocupada por la reforma judicial recién aprobada en México y no descartó poner en marcha mecanismos para combatirla una vez que entre en funcionamiento, señaló Andrea Pochak, comisionada del organismo con sede en Washington al finalizar la audiencia en la que jueces y magistrados presentaron sus objeciones a la reforma.
Juezas y magistradas encabezaron la delegación de trabajadores del Poder Judicial Federal para presentar sus objeciones a la reforma, mientras que la defensa corrió a cargo de la embajadora Luz Baños, y el director de estudios constitucionales de la Consejería Jurídica, José Antonio Montero.
Varios comisionados independientes, tanto de la CIDH como de la Organización de las Naciones Unidas, cuestionaron cuál había sido el diagnóstico para despedir a cientos de jueces y magistrados, y la respuesta de Montero Solano fue que no existe ninguno, pero que durante las elecciones de junio el partido en el gobierno la presentó como su plataforma.
“No existe un diagnóstico, pero desde 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos, que establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial”, dijo el funcionario.
Por su parte, la jueza Claudia Elena Hurtado se presentó como representante de 17 juzgadores que en noviembre de 2019 resultaron vencedoras en el primer concurso de oposición para la designación de jueces en una medida para reducir la brecha de género.
“Mis compañeras y yo, con una antigüedad de entre 10 y 26 años, somos funcionarias de carrera judicial y al mismo tiempo realizamos labores como madres, jefas de familia y cuidadoras de otros familiares. Somos un grupo de mujeres altamente calificadas que con gran esfuerzo, estudio y dedicación logramos nuestros cargos en un concurso con exigencias rigurosas. La reforma no sólo es regresiva a la acción afirmativa implementada, sino que ha truncado nuestro proyecto de vida”.
Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Asociación Mexicana de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), dijo que la reforma promovió una purga masiva de juzgadores por acusaciones de corrupción que no ha sido respaldada ni por pruebas ni denuncias.
“Le pedimos al Estado que responda, ¿la corrupción se combate a través de procesos electorales?, ¿cuál es la justificación para destituirnos masivamente? ¿Se garantizó el debido proceso a los titulares destituidos?”.
Tras la presentación de quejas y la defensa del gobierno, los comisionados Pochak y el colombiano Carlos Bernal expresaron sus dudas y críticas a la reforma.
El segundo dijo que la reforma violó el principio del mérito (conocimiento de los jueces y magistrados sobre su materia), sus derechos adquiridos y el debido proceso constitucional y su derecho a acceder a cargos por concurso y cerró con una pregunta: “Un gobierno que arrasa en las urnas para la presidencia, que arrasa con todos los cargos de elección popular, ¿no es un poco sospechoso que quiera también la elección de los jueces”.
Pochak, abogada especialista en defensa de derechos humanos, agradeció la presencia de representantes del gobierno, sin embargo, hizo varias preguntas sobre los antecedentes de la reforma.
La primera fue sobre el diagnóstico, su difusión y el motivo para no incluir a las fiscalías y sólo se limitó al Poder Judicial; también preguntó qué medidas se tomarán para evitar la injerencia del crimen organizado en la elección de los jueces, cómo garantizar que juristas honestos participen en la campaña ante el riesgo de violencia y que la campaña para ser incluidos en las listas no implique negociaciones indebidas y cómo se formaron los comités de postulación.
En su momento, el funcionario de la consejería jurídica, dijo que para evitar la participación del crimen se prohibió el financiamiento privado a quienes participen en la elección y que el Instituto Nacional Electoral (INE) asignará tiempo en medios de comunicación a quienes participen en el proceso.
Montero no respondió a la interrogante sobre los comités que elegirán a los candidatos, por lo que la magistrada Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, respondió que un integrante del comité designado por el Legislativo fue hasta el día de su nombramiento, representante de Morena ante el Instituto Electoral en Tamaulipas (aunque no lo mencionó por nombre, se refería a Andrés García Repper), y refutó la afirmación de que los trabajadores fueron escuchados en los foros que organizó la Cámara de Diputados porque a algunos jueces ni siquiera los dejaron entrar.
“No hay requisitos de estándares de impartición justicia para las personas que serán candidatas. Olvidaron mencionar que para ser juez de distrito la Constitución ni siquiera requiere un año de experiencia en la profesión”, finalizó Pochak.
