La Fiscalía General de la República (FGR) imputará formalmente al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en una audiencia inicial programada para el próximo 20 de agosto, tras ser señalado por su presunta responsabilidad en un daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos al erario público.
La jueza federal de control con sede en el Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, fue quien fijó la fecha de la audiencia, en la que se acusará al exmandatario estatal por diversos delitos, entre ellos, peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
La acusación gira en torno a la adquisición a sobreprecio de instalaciones destinadas a la Guardia Civil en al menos siete municipios michoacanos: Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Según la FGR, estas compras habrían causado un quebranto por 3 mil 412 millones de pesos, lo que ha desatado uno de los casos de presunta corrupción más relevantes de los últimos años en Michoacán.
Aunque Sánchez Nava fue la jueza que giró la orden de aprehensión en su contra, Aureoles Conejo obtuvo previamente una suspensión provisional que impide su captura inmediata. Esta medida fue concedida por la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, quien además confirmó que el exgobernador cumplió con el depósito de una garantía económica de 52 mil pesos, condición necesaria para mantener vigente dicha protección judicial.
En atención a solicitudes recientes de la FGR -presentadas los días 7 y 8 de mayo- para revocar la suspensión de amparo, la jueza Vargas Alarcón resolvió que no existen elementos para acceder a la petición, pues el exgobernador ha cumplido con los requerimientos impuestos por el juzgado. En particular, se destacó que la audiencia ya fue debidamente programada, por lo que será fundamental verificar si el imputado comparece el día señalado, a fin de evaluar la continuidad de la medida cautelar.
La autoridad judicial también informó que, una vez concluida la audiencia inicial, deberá notificarse formalmente si Aureoles se presentó, pues esta condición es indispensable para que la suspensión siga surtiendo efecto.
Cabe destacar que este proceso penal contra el exgobernador se da en el marco de una investigación más amplia por presunta corrupción durante su administración al frente del gobierno de Michoacán (2015-2021). En marzo de este año, cuatro de sus excolaboradores fueron vinculados a proceso por su posible implicación en las mismas irregularidades, particularmente por haber autorizado y ejecutado las compras a sobreprecio que dieron origen al daño patrimonial señalado por la FGR.
La construcción de los cuarteles de la Guardia Civil formaba parte de un ambicioso plan de seguridad impulsado por el gobierno de Aureoles en sus últimos años de mandato. Sin embargo, los informes de la FGR revelan que los contratos habrían sido adjudicados con precios inflados y sin apego a los principios de legalidad y eficiencia en el gasto público.
Aureoles Conejo, quien ha mantenido una presencia política activa tras dejar el cargo y ha manifestado públicamente su inocencia en diversas entrevistas, deberá enfrentar ahora el inicio formal de un proceso judicial que podría derivar en sanciones penales si se acredita su responsabilidad.
La audiencia del 20 de agosto será clave para determinar si el caso avanza hacia la vinculación a proceso o si se presentan nuevos elementos de defensa por parte del exmandatario michoacano. Por lo pronto, el Aureoles se encuentra obligado a comparecer ante la jueza Sánchez Nava en el Reclusorio Oriente, en cumplimiento de las condiciones impuestas por el juzgado federal que le otorgó la suspensión provisional.
