La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) pidió a la Suprema Corte de Justicia mantener bajo reserva durante cinco años las inspecciones ambientales al Tren Maya.
Sin explicarse de manera clara, convincente, la decisión bajo la cual se asume tal encomienda, se sabe que la Consejería Jurídica del Ejecutivo (CJEF) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener bajo reserva durante cinco años las inspecciones ambientales al Tren Maya, argumentando que su difusión pone en riesgo la seguridad nacional.
Por dicha razón, ahora la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, suspendió el pasado 21 de agosto una resolución dictada el 3 de julio por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), que ordena entregar copias de 25 actas de verificación emitidas por inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en las obras de varios tramos del Tren Maya.
Se explica que las inspecciones fueron realizadas entre diciembre de 2021 y agosto de 2023, y los expedientes reservados abarcan 3 mil 175 hojas del resultado de verificar el cumplimiento en materia de impacto ambiental y cambios de uso de suelo forestal, con fotografías y mapas.
En su momento, Profepa alegó que las inspecciones son procedimientos administrativos en curso, que pueden resultar en sanciones para los funcionarios o empresas responsables de daños ambientales, por lo que divulgar las actas podría afectar la presunción de inocencia y se podría dañar “el nombre y el honor” de los afectados.
La dependencia sólo aceptó informar sobre la visita más antigua, de diciembre de 2021, en el Tramo Uno de Palenque a Escárcega, en el que se impuso multa a las constructoras por infracciones en el manejo de residuos peligrosos.
El Inai rechazó los argumentos de reserva de Profepa porque las actas de las visitas de inspección son conocidas por las empresas y personas responsables de las obras desde que se realizan, pues se les entrega copia.
“Dar acceso a la información nos traería como consecuencia entorpecer las estrategias para hacer cumplir la normatividad ambiental, o una afectación al bien perseguido por Profepa al realizar sus actividades de verificación, en tanto que, en este caso, las inspecciones ya fueron realizadas”, resolvió el Inai, que sólo ordenó testar algunos datos personales que aparecen en las actas.
Hay que resaltar que de las 24 inspecciones, 19 fueron realizadas por diversas áreas de la Subprocuraduría de Recursos Naturales y las demás por la Subprocuraduría de Inspección Industrial.
Ahora, la Consejería Jurídica del Ejecutivo alega que esta orden del Inai implica un riesgo a la seguridad nacional, lo que obligó a la Corte a suspender por ley la difusión de la información, mientras resuelve el caso.
Cabe recordar que, en noviembre de 2021, y nuevamente en mayo de 2023, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decretó que el Tren Maya, entre otras obras prioritarias, es un proyecto de seguridad nacional, lo que ha permitido mantener bajo reserva múltiples datos sobre obras de los tramos 5, 6 y 7.
La propia Corte, sin embargo, ya rechazó esta declaratoria general de seguridad nacional, entre otras razones, porque permiten clasificar de antemano como reservada la información de los proyectos.
