* A un año de la despenalización del aborto en el Estado de México……
Por Mireya Álvarez
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), colectivas feministas, organizaciones aliadas y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos se reunieron para evaluar los avances y retos a un año de la despenalización del aborto en el Estado de México.
Encuentro marcado por testimonios contundentes, las participantes coincidieron en que, aunque el marco legal cambió, el acceso real al servicio sigue siendo profundamente limitado.
Las organizaciones reunidas, entre ellas Marea Verde Estado de México, la Red de Psicólogas Feministas MX y Católicas por el Derecho a Decidir, agradecieron el trabajo cotidiano de cientos de mujeres, acompañantes y defensoras que sostienen, desde las calles y las comunidades, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos.
Ana Ramírez, activista, acompañante y educadora menstrual, abrió la rueda de prensa recordando que este primer aniversario debe ser un espacio de reflexión crítica más que de celebración institucional.
“La despenalización no fue un regalo. Fue una exigencia histórica conquistada por generaciones de mujeres. Pero un derecho sin acceso real es una mentira disfrazada de victoria”, enfatizó.
Ramírez denunció que persisten prácticas discriminatorias en hospitales públicos, desabasto de medicamentos, falta de capacitación del personal de salud y rutas de atención confusas que obligan a muchas mujeres a depender del acompañamiento comunitario o a buscar servicios privados.
“Si hoy no hay acceso real no es por incapacidad, es por omisión. Nosotras seguimos sosteniendo procesos que nunca deberían depender del azar o de la voluntad del personal médico”, añadió.
Isabel García, integrante de la Red de Psicólogas Feministas MX, subrayó que la despenalización no ha logrado desmontar el estigma que históricamente pesa sobre quienes deciden interrumpir un embarazo.
“Muchas mujeres siguen viviendo violencia simbólica y psicológica. El estigma se traslada a las instituciones, a los consultorios y a los pasillos de los hospitales. No todas saben que pueden acudir a un servicio sin ser criminalizadas”, explicó.
Para la red de psicólogas, el acompañamiento comunitario continúa siendo crucial ante la ausencia de una red estatal sólida de clínicas que realicen el procedimiento de forma segura, gratuita y accesible
En representación de Católicas por el Derecho a Decidir, Maribel Luna presentó hallazgos de un estudio nacional sobre objeción de conciencia, realizado junto con colectivas de 19 estados del país.
De acuerdo con la investigación, la falta de claridad normativa y la ausencia de regulación estricta han permitido que la objeción de conciencia funcione como un obstáculo constante para la atención.
“El personal sanitario no siempre invoca la objeción de manera explícita. Se escudan en pretextos como falta de capacitación, insumos o plazos. Esto deriva en retrasos, negación del servicio o envío injustificado a otros hospitales”, señaló.
Luna recordó que la Suprema Corte de Justicia, en 2021, ordenó al Congreso de la Unión armonizar la Ley General de Salud para delimitar de forma precisa la objeción de conciencia, un mandato que sigue sin cumplirse.
Durante la conferencia, especialistas recordaron que la interseccionalidad agrava las barreras a mujeres indígenas o que hablan una lengua originaria, niñas y adolescentes, mujeres en movilidad y personas con discapacidad
Para ellas, el acceso al aborto seguro es aún más complejo debido a la falta de servicios cercanos, ausencia de personal capacitado, discriminación lingüística y obstáculos burocráticos.
También se destacó que, aunque el aborto seguro ya forma parte del programa federal de salud sexual y reproductiva existe una enorme brecha entre la política nacional y su implementación en el Estado de México.
Las colectivas insistieron en que el acceso real al aborto requiere acciones concretas y coordinadas entre Estado, instituciones de salud, organizaciones y comunidades. Entre las prioridades más urgentes señalaron:
1.-Crear y fortalecer clínicas públicas de aborto seguro en todo el estado. incluyendo zonas rurales.
2.- Regular efectivamente la objeción de conciencia, para evitar que sea utilizada como herramienta de negación del servicio.
3.-Implementar un modelo integral de atención con perspectiva de derechos humanos, enfoque de género y acompañamiento psicológico libre de estigma.
Las participantes coincidieron en que la despenalización fue solo el primer paso. El reto ahora es garantizar un acceso digno, seguro y sin discriminación en todo el territorio mexiquense.
“Si el Estado no tiene voluntad política para garantizar nuestros derechos, nosotras sí tenemos la voluntad para exigirlos, defenderlos y ejercerlos”, afirmaron las colectivas.
En el marco del 25N, recordaron que negar el acceso al aborto seguro también constituye una forma de violencia contra las mujeres y personas con capacidad de gestar.
La conferencia concluyó con una invitación a fortalecer alianzas entre organizaciones, instituciones educativas, personal de salud y comunidades para construir un modelo de atención que coloque la autonomía reproductiva en el centro y garantice justicia social.
