* En el Foro “Análisis para Reformar la Ley de Amnistía del Estado de México”……
Por Mireya Álvarez
Con voces firmes y testimonios que estremecen, integrantes del colectivo “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos” participaron en el Foro “Análisis para Reformar la Ley de Amnistía del Estado de México” con un mensaje contundente: “la justicia mexiquense está en deuda con miles de falsos culpables”, y la Legislatura no puede seguir postergando una reforma de fondo a la Ley de Amnistía.
Veda Sarmiento Gutiérrez, presidenta del colectivo subrayó que su organización está por cumplir una década denunciando un sistema penal adversarial que, aseguran, “nació fallido y fue saboteado desde dentro”.
Sarmiento Gutiérrez, expuso una serie de resoluciones del INFOEM que, según explicó, evidencian el incumplimiento histórico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en la instalación del sistema penal acusatorio.
“No existió carrera ministerial, policial ni pericial, se violó el artículo 21 constitucional y estándares interamericanos. Las fiscalías especializadas se montaron sin operadores de justicia. Y donde no hay operadores… hay corrupción”, denunció.
La activista afirmó que esta deficiencia estructural abrió la puerta a un esquema de desviación de recursos, fabricaciones de delitos, detenciones arbitrarias y procesos sin investigación real desde 2008 hasta la actualidad.
Además, insistió en que la falta de investigación complementaria piedra angular del sistema acusatorio provocó que miles de procesos fueran abiertos sin pruebas completas, con base únicamente en testimonios y violando la doctrina de la irreversibilidad procesal.
“Los jueces de control debieron sobreseer miles de procesos. No lo hicieron. Se prefirió convalidar la fabricación de delitos”, señaló.
También acusó complicidad legislativa en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), asegurando que comisiones de justicia y seguridad pública de siete legislaturas “toleraron un esquema de gran corrupción” que impidió consolidar el sistema acusatorio pese a recibir miles de millones de pesos.
En otro de sus señalamientos, afirmó que los magistrados del Poder Judicial del Edomex no garantizaron presunción de inocencia durante el periodo de transición constitucional (2008–2016) y rectificaron sentencias “sin pruebas suficientes”, privilegiando la presunción de culpabilidad. “El recurso de revisión que ganamos demuestra que jueces y magistrados no fueron capacitados con recursos FASP. Es un fraude institucionalizado”, sentenció.
Por su parte, José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de Presunción de Inocencia y uno de los sobrevivientes de casos emblemáticos de falsos culpables, presentó su iniciativa ciudadana de reforma a la Ley de Amnistía.
“La amnistía es una fuente de derecho. Surge de la experiencia cotidiana de miles de personas que están presas sin haber cometido delito alguno”, afirmó.
Pérez Espinoza defendió que la facultad de conceder amnistía es constitucionalmente del Poder Legislativo, y sostuvo que el artículo 4 de la ley actual es inconstitucional y propuso reformas a los artículos 1, 16 y 18 para incluir delitos cometidos después del 5 de enero de 2021; integrar un grupo de expertos nacionales e internacionales para revisar cada caso de amnistía; investigar el uso de recursos del FASP por parte de legislaturas pasadas; emitir recomendaciones legislativas vinculantes que obliguen a jueces a otorgar la libertad cuando se cumplan hipótesis de amnistía.
“El testimonio dejó de ser la prueba reina en un sistema acusatorio. Si no hay investigaciones diligentes, hay falsos culpables”, remarcó.
El activista advirtió que no aceptarán que su propuesta quede archivada y criticó la falta de avance en iniciativas previas, como la del diputado Octavio Martínez sobre la tipificación del delito de fabricación de culpables; además, señaló que buscará recuperar su plaza como profesor del IPN y continuar documentando esta etapa histórica.
En la parte final del Foro, ambos representantes exigieron a los tres poderes del Estado de México asumir su responsabilidad histórica en la crisis de justicia.
“Acreditamos con pruebas que Legislativo, Ejecutivo y Judicial fallaron. Ahora tienen la obligación moral y jurídica de revisar los casos de falsos culpables y otorgar la libertad, como lo ordena la Ley de Amnistía”, concluyeron.
