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Comerciantes de la zona terminal denuncian abuso de autoridad y desacato judicial por parte del gobierno municipal

Por Mireya Álvarez

Comerciantes de la organización “Ernesto Che Guevara”, que laboran en la zona terminal de Toluca, denunciaron públicamente presuntos actos de abuso de autoridad, robo y desacato judicial cometidos por parte del gobierno municipal, encabezado por Mario Alberto Medina. En una rueda de prensa, respaldados por su abogado, Juan Antonio Muñiz, los comerciantes exigieron el cese de hostigamientos y el respeto a un amparo federal vigente que les permite continuar con su actividad comercial.

Con más de tres décadas de trabajo en la zona, una de las representantes de los 987 comerciantes afectados señaló que el pasado 15 de julio, inspectores municipales, sin identificarse ni presentar documentación, decomisaron mercancía de al menos ocho locatarios sin levantar actas circunstanciadas, lo que calificó como un robo. “No dejaron constancia de nada. Se llevaron comida, tanques de gas, mesas y otros insumos sin presentarse ni seguir protocolo alguno”, declaró una de las afectadas, madre soltera de cuatro hijas, dos de ellas con discapacidad.

El abogado presentó copias del amparo otorgado por un juez de distrito, el cual concede suspensión definitiva contra actos de molestia por parte de autoridades municipales. “El amparo está vigente y protege el derecho de los comerciantes a seguir trabajando. Las acciones de decomiso y amenazas constituyen un desacato directo a la resolución judicial”, enfatizó.

Además del desacato, se han iniciado carpetas de investigación por los delitos de abuso de autoridad y robo. Sin embargo, cuatro de los ocho comerciantes afectados se abstuvieron de denunciar formalmente por temor a represalias, lo cual, aseguran, ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Los comerciantes también acusaron que las mesas de diálogo promovidas por el ayuntamiento no han dado resultados concretos. Según testimonios, en esos encuentros se han hecho amenazas directas y se ha presionado a la organización para reducir el número de comerciantes autorizados a laborar de 987 a solo 30. “No se nos ha ofrecido reubicación, ni se han justificado los criterios para seleccionar a quiénes sí y a quiénes no se les permitiría seguir trabajando”, afirmó un portavoz del grupo.

La organización aseguró que se trata de una comunidad mayoritariamente conformada por madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes dependen directamente del comercio informal para subsistir. “No estamos violando la ley. Lo único que pedimos es que se nos permita ganarnos el pan de cada día”, subrayaron.

De igual manera también denunciaron actos de violencia física cometidos por personal no identificado durante los operativos. Se mostraron pruebas fotográficas y videos en los que se observa cómo, en medio de empujones y sin mediar palabra, los trabajadores son despojados de su mercancía, causando incluso lesiones a un colaborador de una de las vendedoras.

El jurista Juan Antonio Muñiz, explicó que, en el marco del artículo 68 del Bando Municipal, cuando un comerciante cuenta con permiso federal, como en este caso, vía amparo, está legalmente facultado para operar. “Lo grave es que la autoridad municipal niega conocer el procedimiento judicial, a pesar de que ya han sido notificados formalmente e incluso han emitido informes dentro del expediente de amparo”, detalló.

Aun cuando los comerciantes han solicitado respeto a la ley, no han recibido respuesta clara del gobierno local, el cual, aseguran, actúa con prepotencia y sin fundamentos. “La policía municipal no está para perseguir a madres trabajadoras ni quitar comida a niños. Su función debería ser garantizar la seguridad ciudadana, no intimidar a quien solo busca sobrevivir”, cuestionaron.

La organización reiteró que no se oponen al diálogo ni a la regulación del comercio, pero insistieron en que las decisiones deben ser legales, incluyentes y respetuosas de los derechos humanos. “Estamos organizados, protegidos por la ley y no vamos a permitir más atropellos”, concluyó su representante legal.

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido una postura oficial sobre las denuncias presentadas.

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