* Esperan que en estos días el Director General de Gobernación municipal, Mario Alberto Medina Peralta los reciba para llegar a un acuerdo……
Por Mireya Álvarez
En un intento por defender sus derechos laborales, un grupo de comerciantes que solían establecerse en las inmediaciones de la vía Isidro Fabela a la altura del Mercado Juárez, encabezado por Clara Sánchez, coordinadora del “Movimiento Popular Ernesto Che Guevara”, sigue en disputa porque el Ayuntamiento de Toluca, les respete sus espacios de trabajo, y puedan vender sus artículos, puesto que aseguran que cuentan con un amparo federal que avala puedan trabajar sin la interferencia de operativos municipales que buscan desalojarlos de las calles donde realizan su actividad económica en dicha zona.
En conferencia de prensa sobre citada vía, Clara Sánchez, con una expresión de frustración y determinación, explicó que el objetivo de la reunión con los medios es para exponer la situación que enfrentan los comerciantes debido a los operativos y las acciones de las autoridades municipales que, según ella, no respetan un amparo federal otorgado desde el año pasado.
Aunado a ello, detalló que el amparo fue solicitado desde octubre del año pasado y, después de varios trámites legales, finalmente el 12 de marzo de este año se otorgó la resolución definitiva, que suspende las acciones de las autoridades municipales en su contra.
Según la coordinadora, este escrito tiene un peso legal considerable, ya que se trata de un recurso bajo el fuero federal. Sin embargo, denunció que pese a contar con esta resolución, han sido objeto de amenazas y agresiones por parte de las autoridades municipales cuando se realizan los operativos.
“Lo único que pedimos es que se respete nuestra fuente de trabajo, no estamos por encima de la ley, sino dentro de ella. Estamos trabajando de acuerdo con las normativas, respetando la ciclovía, y no estamos cometiendo ningún delito”, afirmó la líder de los vendedores, quien mostró el documento como prueba de su legítima defensa legal.
Clara Sánchez enfatizó que desde tempranas horas de este jueves los funcionarios de la municipalidad acompañados por un escuadrón de policías, perros de acción, tenían la intención de retirar los puestos de manera forzada, sin importar la existencia del amparo, por lo que la situación se tornó tensa, y hubo altercados, incluso algunos de los agentes fueron acusados de agresiones físicas.
Por su parte, el señor Clemente Peralta, un comerciante de la tercera edad, relató que ha estado trabajando en esa zona durante años y que, debido a su edad, no tiene otras opciones laborales. “Nos tratan como delincuentes. No somos delincuentes, somos comerciantes, y lo único que hacemos es vender para sobrevivir. No entiendo por qué nos atacan de esta manera”, expresó visiblemente molesto y preocupado por las acciones de las autoridades.
Además, el señor Clemente indicó que no están pidiendo nada, solo que los dejen trabajar, pues abundó que si los funcionarios los agreden y les quitan su mercancía no tendrán otra opción para sobrevivir, puesto que sus ventas es con lo que cuentan para mantener a sus familias.
Además, los vendedores hicieron énfasis en que su actividad no representa una amenaza para la seguridad pública ni un acto delictivo. “Vendemos productos como comida, gorras, bocinas, artículos que no representan ningún peligro. Nosotros mismos nos hemos encargado de mantener el orden, y hemos visto cómo la delincuencia ha disminuido en nuestra área porque nos cuidamos entre todos”, destacó la coordinadora.
A pesar de la tensión, los comerciantes expresaron su voluntad de encontrar una solución pacífica y seguir trabajando en conjunto con las autoridades. De hecho, Sánchez mencionó que había solicitado una reunión con el director de Gobernación, Mario Medina Peralta para tratar de llegar a un acuerdo que permita la convivencia entre el comercio ambulante y las autoridades locales, sin que se violen sus derechos.
Sin embargo, dejaron claro que, si las autoridades correspondientes no les dan su solución y respetan el acuerdo federal, puede darse un conflicto que llegue a niveles legales mayores, ya que subrayó estrían violentado el amparo, por lo que las autoridades municipales podrían estar incurriendo en un delito federal. En ese caso, según los afectados, los responsables serían procesados por desacato a una orden judicial, lo que podría traer consecuencias tanto para el municipio como para el gobierno del estado.
“Si esto continúa, tendríamos que acudir nuevamente a los tribunales federales y hacer valer el amparo ante un juez, ya que estamos en nuestro derecho”, aseveró.
Cabe mencionar que, el ayuntamiento de Toluca en el mes de diciembre del 2024 retiró a los ambulantes que se reinstalaron en las inmediaciones de la Terminal de la capital mexiquense al asegurar que no fueron notificados del amparo federal que les permitía volver a la zona.
Además, señaló que la recuperación del espacio público es en beneficio de todos, y que en su momento se contó con el respaldo absoluto de vecinos, comerciantes y empresarios, ante lo cual, en su caso, agotará los recursos legales a su disposición.
Y añadió que el Bando Municipal vigente contempla como una infracción al mismo el realizar actividades de comercio ambulante, semifijo y móvil dentro del Municipio sin la autorización correspondiente.
