Loretta Ortiz Ahfl, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que las acciones que implementó desde un principio el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) generaron desconfianza, porque incluyeron requisitos no establecidos en la Constitución con el afán de obstaculizar la reforma judicial.
A través de su cuenta en la red social X, la ministra Ortiz Half aseguró que existió una resistencia reiterada por parte de los integrantes de dicho comité que fueron designados por la mayoría de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora renunciaron al deber confiado.
“Desde el inicio, sus acciones generaron desconfianza y obstaculizaron la implementación de la reforma judicial. La convocatoria incluyó requisitos adicionales no contemplados en la Constitución, añadiendo trabas innecesarias”, destacó.
Loretta Ortiz indicó que la evaluación de perfiles se enfocó más en excluir candidatos que en verificar los mínimos requeridos, algo que incluso la mayoría del Pleno de la SCJN reconoció al resolver los recursos de inconformidad.
“La resistencia reiterada de las y los integrantes del Comité de Evaluación, designados por la mayoría de ministras y ministros de la SCJN, llega al extremo de renunciar al deber que les fue confiado”.
Sobre dicho tema, también añadió que el comité paralizó sus actividades con una suspensión improcedente.
“Estas acciones no sólo afectan a las y los aspirantes que confiaron en un proceso justo, sino a toda la sociedad, que podría perder la oportunidad de elegir entre perfiles diversos y especializados para renovar el Poder Judicial”, alertó Loretta Ortiz en sus redes sociales.
La ministra enlistó algunos puntos que a su consideración obstaculizaron el proceso de evaluación de perfiles:
“La convocatoria incluyó requisitos adicionales no contemplados en la Constitución, añadiendo trabas innecesarias. La evaluación de perfiles se enfocó más en excluir candidatos que en verificar los mínimos requeridos, algo que incluso la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había reconocido al resolver recursos de inconformidad”, aclaró Ortiz Ahfl.
También aseguró que el comité paralizó sus actividades con una suspensión improcedente.
“Cuando yo analicé los recursos de inconformidad, por ejemplo, en uno que los requisitos eran presentar un ensayo de tres páginas, uno presentó cuatro y ya no lo aceptaron; otro que porque tenía que demostrar la nacionalidad mexicana, presenta su (credencial del) INE y no, que tenía que ser el acta de nacimiento. La situación es hasta ridícula, para poder participar en el proceso que se avecina”, sentenció la jurista.
Sobre las dos suspensiones del proceso de evaluación, la ministra Ortiz Ahlf dijo que no estuvo de acuerdo en que se parara la revisión de los perfiles porque eran improcedentes, ya que el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que los procesos electorales que ya iniciaron, no se pueden detener; mencionó que incluso la Corte pudo haber resuelto en su momento nombrar a otro comité y dejar sin efecto la resolución de los cinco abogados, pues daba la impresión de que actuaban para lograr que los aspirantes no participaran.
