Por Martha Romero
Para facilitar a la ciudadanía dialogar y debatir con las personas funcionarias públicas al solicitarles información, proponer acciones, cuestionar decisiones y evaluar el desempeño de la administración pública, la diputada Maricela Beltrán Sánchez, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) señaló la necesidad de expedir la Ley de Comparecencia Pública del Estado de México para participar directamente en las decisiones públicas, a través de la comparecencia pública.
Agregó que presentó una iniciativa para que la comparecencia pública sea el mecanismo de participación ciudadana y democracia deliberativa que permita a los mexiquenses dialogar y debatir con sus representantes populares, pues es un espacio fundamental para fortalecer la confianza entre la ciudadanía y sus representantes, así como mejorar la calidad de las decisiones públicas.
Refirió que también se modificaría la Constitución Política local que estipula que es prerrogativa de la ciudadanía solicitar, en términos y con requisitos que señale la ley propuesta, la realización de las comparecencias.
Detalló que la ley establece un amplio catálogo de personas servidoras públicas que pueden ser citados a comparecencias públicas, incluyendo a titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a representantes de organismos autónomos y municipios, por lo que al menos el 0.1 por ciento de la población de la entidad o una demarcación, la puede solicitar.
Beltrán Sánchez precisó que su propuesta propone que la petición sea presentada al Comité de Participa ción Ciudadana estatal o los comités de Participación Ciudadana municipales, misma que sería verificada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y se publicará en la plataforma digital para la difusión, seguimiento y vinculación de las comparecencias públicas.
Indicó que la ley incorpora el procedimiento para la organización y realización de la comparecencia pública, desde la solicitud de los mecanismos e insumos necesarios, hasta la elaboración del formato para su realización, además de que establece la obligación de los servidores públicos de acudir a ella y las consecuencias de su inasistencia injustificada.
En el caso que el funcionario de nivel estatal o municipal no justifique su inasistencia ni envíe a una persona representante plenamente capacitada, dijo, propone sea sancionado por desacato de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Resaltó que la comparecencia será pública y presencial, con la participación de las personas funcionarias, los solicitantes, la ciudadanía interesada, representantes del Consejo de Participación Ciudadana que corresponda y un notario público.
Finalmente, señaló que establece la obligación de elaborar una minuta que contenga los puntos tratados, los acuerdos tomados, las dependencias responsables del seguimiento y los servidores públicos encargados de la ejecución de las acciones, por lo que la minuta se publicará en la plataforma digital, garantizando el seguimiento y la rendición de cuentas sobre los compromisos adquiridos.