Por Mireya Álvarez
Cansados de años de hostigamiento, amenazas, encarcelamientos injustificados y despojo de sus tierras, comuneros del paraje Santo Tomás el Pedregal, en la localidad de La Laguna, municipio de Valle de Bravo, se presentaron este lunes frente al Poder Legislativo para exigir la intervención inmediata del Estado.
Efren Reyes Salazar, representante del Comité Particular Ejecutivo Agrario, alzó la voz por más de 500 personas que habitan y trabajan en esas tierras. “Nos quieren borrar del mapa. Nos acusan falsamente, nos encarcelan, y nos están quitando nuestras tierras para construir fraccionamientos de lujo, esto no es justicia, es despojo legalizado”, denunció.
Los comuneros tienen una resolución presidencial y del Tribunal Superior Agrario que les reconoce como legítimos poseedores de 235 hectáreas, sin embargo, empresarios ligados a Banca Mifel y particulares identificados como Luis y Agustín Quintanilla intentan arrebatarles por lo menos 110 hectáreas, según denunciaron, con el objetivo de desarrollar un complejo inmobiliario de alto nivel.
Reyes Salazar narró cómo, hace dos años, cuatro jóvenes de la comunidad fueron detenidos sin orden judicial,, bajo acusaciones fabricadas como “daño en propiedad ajena” y “despojo de aguas”. Uno de ellos fue señalado por supuestamente transportar tubos en una motocicleta, cuando ni siquiera estaba en el lugar. A otra mujer se le acusó absurdamente de cavar una zanja de 25 metros “con las uñas”.
“El Ministerio Público y el juez de control de Valle de Bravo validaron pruebas falsas, incluso aseguraron que el delito fue registrado por cámaras del C5, cuando en esa zona ni siquiera hay señal telefónica ni cámaras”, aseveró.
Aunque los jóvenes enfrentan su proceso en libertad, deben acudir regularmente a firmar a la ciudad de Toluca y recientemente, fueron notificados de una nueva comparecencia, por el mismo caso, lo cual ha encendido las alertas entre los afectados.
La tierra en disputa no es solo cultivo; es herencia, identidad y resistencia desde generaciones, donde las familias han trabajado el campo con semillas criollas. Sin embargo, en los últimos años, el acoso se ha intensificado, debido a que más de 10 hectáreas de maíz fueron destruidas con maquinaria pesada, sin que el Ministerio Público aceptara la denuncia ni ofreciera reparación del daño.
“Lo único que obtuvimos fue una medida de protección por un mes, y nunca más volvieron, mientras tanto, no tenemos vivienda digna, ni salud, ni alimentos suficientes, porque no nos dejan sembrar”, afirmó Maribel Reyes, integrante de la comunidad.
Maribel, quien enfrenta más de 20 denuncias penales, ha considerado incluso solicitar asilo político por la persecución en su contra. “Estoy hostigada, amenazada, y sin respaldo del gobierno estatal ni municipal. Ni siquiera nos han dado respuesta desde Presidencia, a pesar de haber entregado personalmente un documento a la ahora presidenta Claudia Sheinbaum”, lamentó.
Ante ello, los comuneros exigen la intervención del Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, quieren que se respete la legalidad agraria y se detenga el uso del aparato judicial para proteger intereses inmobiliarios privados.
“Somos la cuarta generación resistiendo este despojo, pero no vamos a ceder. No vamos a regalar nuestras tierras a los poderosos”, concluyó Reyes Salazar.
