* Dio a conocer que hay afectaciones preliminares de entre mil 500 y 2 mmdp, así como una ventana de oportunidad de reducir la extorsión hasta un 20% que podría significar hasta 18 mil 645 mdp anuales de menor costo delictivo para empresas……
Por Martha Romero
La Concanaco Servytur reconoció la coordinación institucional del Gobierno de México y el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la seguridad pública para recuperar condiciones que permitan trabajar con tranquilidad y sin miedo, por lo que llamó a sostener la presencia institucional en territorio para reducir la presión delictiva sobre el comercio, particularmente la extorsión.
Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Confederación añadió que mantiene comunicación y articulación permanente en territorio a través de sus Cámaras de Comercio y de la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, como espacios de coordinación y comunicación para levantar información verificable, acompañar la continuidad operativa de los negocios y canalizar incidencias con enfoque institucional.
Tras subrayar que más que especular con cifras, lo relevante es la señal institucional sobre la capacidad del Estado para proteger la operación cotidiana de la economía, indicó que evitarán especular al brindar información verificable y seguimiento en territorio.
Informó que cuentan con una estimación preliminar de afectaciones que van entre mil 500 y 2 mil millones de pesos, con impacto potencial en alrededor de un millón de establecimientos y empleo vinculado estimado en 4.8 millones de personas, referencias que no sustituyen mediciones oficiales porque el compromiso del sector es documentar con precisión para separar percepción de evidencia.
Resaltó que el tema es un asunto de seguridad económica al proteger a quien trabaja y a quien emprende, pues la seguridad es una condición práctica para sostener empleo, inversión y actividad local porque cuando se sostiene la coordinación institucional, la economía se estabiliza.
Recordó que la inseguridad genera costos estructurales, pues con base en ENVE-INEGI 2024, en el 2023 el costo total por inseguridad y delito para las unidades económicas asciende a 124 mil 300 millones de pesos, de los que el 54 por ciento corresponde a gasto preventivo y 46 por ciento a pérdidas económicas directas.
De la Torre Stéffano destacó que la extorsión es una presión directa sobre la operación por cobros, amenazas y condicionamientos que obligan a ajustar horarios, reducir inventarios, cancelar rutas o frenar inversiones, con efectos en cierres temporales, menor contratación y mayores gastos de protección, misma que representa aproximadamente entre el 25 y 30 por ciento de los delitos reportados por las empresas.
Señaló que si se debilitan estructuras delictivas los escenarios de referencia contemplan una posible reducción de entre 10 y 20 por ciento en extorsión y otros delitos en zonas de alta presión, lo que podría representar hasta 18 mil 645 millones de pesos al año como disminución del costo delictivo para las empresas.
Subrayó que en coyunturas como esta puede existir desestabilización temporal que podrían ir de semanas a meses, por lo que reiteró su llamado a mantener canales claros de comunicación, atender información oficial y sostener la presencia institucional en territorio.
Indicó que definieron líneas de acción y seguimiento en territorio como el levantamiento de información verificable, coordinación con autoridades para proteger rutas, abasto y continuidad operativa del comercio, servicios y turismo, fortalecimiento de condiciones para reportar y denunciar sin poner en riesgo a las personas, y prevención institucional con talleres antiextorsión.
Destacó que iniciativas de articulación productiva fortalecen el tejido económico local, como el Viernes Muy Mexicano este 27 de febrero en las 32 entidades, con una red de más de 550 mil negocios físicos y 31 mil 248 negocios online, bajo el principio “Si todos nos conocemos, todos nos ayudamos”.
“En seguridad, el resultado real se mide en algo muy concreto: que disminuya la presión delictiva sobre el comercio, especialmente la extorsión. Menos presión delictiva significa más certidumbre, más comercios abiertos y más empleo en las comunidades”, concluyó.
