* Según datos del RNP Desaparecidas y No Localizadas……
* Gobernadora propuso fortalecer instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas……
Por Martha Romero
Al 10 de diciembre de 2025, el Estado de México registra 133 mil 562 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, esta cifra coloca a la entidad como una de las más afectadas por esta crisis a nivel nacional y refleja la magnitud de un fenómeno que impacta de manera directa a miles de familias mexiquenses que viven entre la incertidumbre y la falta de respuestas.
A nivel país, el registro oficial señala un total acumulado de 386 mil 500 personas entre desaparecidas, no localizadas y localizadas, de ese universo, 252 mil 938 personas han sido localizadas, mientras que más de un tercio del total corresponde a quienes siguen sin ser encontradas, en ese contexto, el peso del Estado de México resulta particularmente alarmante por el volumen de casos concentrados en su territorio.
Cifras que evidencian una crisis estructural
Las más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de México, no representan únicamente un dato estadístico, sino un reflejo de una problemática estructural que ha rebasado las capacidades institucionales durante años, colectivos de familiares han insistido en que la falta de coordinación, de información confiable y de recursos especializados ha retrasado procesos de búsqueda e identificación.
El registro nacional confirma que la entidad enfrenta un desafío mayúsculo en materia de localización e identificación humana, particularmente en zonas urbanas y corredores con alta movilidad poblacional, donde la desaparición de personas se ha vuelto una constante, este escenario ha obligado a replantear el marco legal y operativo bajo el cual actúan las autoridades estatales.
Reforma legal para fortalecer la búsqueda
Ante este panorama, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó una iniciativa de reforma a diversas leyes estatales con el objetivo de fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, la propuesta contempla modificaciones a la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Seguridad y el Código Civil del Estado de México.
La iniciativa fue presentada durante sesión de la Diputación Permanente y tiene como eje central el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado de México, el cual establece la obligación de impulsar acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno para atender la problemática de las desapariciones, así como brindar apoyo integral a las familias en materia de seguridad, atención jurídica y acompañamiento psicológico.
Uno de los puntos clave de la propuesta es la creación y fortalecimiento de un sistema de información de personas desaparecidas de actualización permanente, con mecanismos de difusión en sectores prioritarios, con el fin de acelerar la localización y reducir los tiempos de respuesta institucional ante cada reporte o denuncia.
Alertas, datos biométricos y servicios forenses
La iniciativa también plantea que, ante la noticia, reporte o denuncia de una persona desaparecida, se active de manera inmediata la Alerta Nacional de Búsqueda, concebida como un mecanismo estandarizado de coordinación entre la federación, el estado y los municipios, esta herramienta busca incrementar la eficacia de las acciones de búsqueda y contribuir al esclarecimiento de los hechos desde las primeras horas.
Otro de los ejes centrales es el acceso a datos biométricos e información identificativa, la propuesta establece que toda autoridad y particular que genere, administre o resguarde este tipo de datos deberá permitir la consulta inmediata a las Fiscalías, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones estatales, exclusivamente para fines de búsqueda, localización e identificación, en coordinación con las investigaciones correspondientes.
Asimismo, se plantea la obligación para establecimientos regulados por la Ley General de Salud, centros de atención a las adicciones, públicos y privados, centros de reinserción social, centros de asistencia social y estaciones migratorias, de contar con registros completos y actualizados de las personas bajo su resguardo y permitir el acceso a dicha información cuando sea requerida por las autoridades.
Finalmente, la iniciativa propone fortalecer de manera sustantiva los servicios periciales y forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, garantizando su capacidad para atender solicitudes de análisis forense y permitir el acceso a registros y bases de datos que resulten clave para la identificación de personas desaparecidas o no localizadas.
Con estas reformas, el gobierno estatal busca responder a la dimensión real del problema que revelan las cifras oficiales y avanzar hacia un modelo de búsqueda más eficaz, coordinado y centrado en las víctimas, en un contexto donde el número de personas desaparecidas en el Estado de México sigue siendo una de las principales urgencias sociales y humanitarias de la entidad.
