Por Karina A. Rocha Priego
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Sin lugar a dudas, el conflicto por el que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de México ha en-cendido las alarmas no sólo en la comunidad universitaria, sino entre todos los mexiquenses y sectores sociales más allá del ámbito estatal.
Se trata de una crisis inédita en las últimas décadas, cuya profundidad y gravedad exige atención inmediata, voluntad política real y diálogo honesto entre las partes. Lo que comenzó como un desacuerdo por el proceso de sucesión en la Rectoría, se ha transformado en una crisis institucional con consecuencias potencialmente devastadoras.
Todo apunta a que el conflicto se intensificó tras el anuncio de que sólo mujeres podían participar como candidatas a la Rectoría, decisión que buscaba impulsar la equidad de género, pero que fue percibida por diversos sectores como un acto discriminatorio.
Algunos aspirantes hombres -entre ellos el morenista Alberto Saladino García- se registraron, pese a saber que no serían tomados en cuenta. Así, desde el origen mismo del proceso, el principio de inclusión fue vulnerado, abriendo paso a sospechas de imposición y posible intervención externa.
Muchos señalan que detrás de la convocatoria hubo línea directa del Gobierno del Estado de México, lo cual alimenta la narrativa de que hay un intento por tomar control político de la Máxima Casa de Estudios, como ha ocurrido con otras instituciones.
El segundo punto crítico fue la negativa inicial de registro a una de las aspirantes, quien, tras recurrir a un tribunal, logró que se le permitiera participar: Laura Benhumea ingresó así a la contienda de manera desfasada, pero con un respaldo legal.
A partir de entonces, el proceso se enturbió: acusaciones, filtraciones, campañas de desprestigio y un ambiente tenso en-tre autoridades, aspirantes y comunidad estudiantil marcaron los días posteriores.
El conflicto estalló definitivamente cuando los estudiantes decidieron iniciar un paro general. Señalan que la Rectoría ha actuado con opacidad, falta de diálogo y ausencia total de autocrítica; el ahora exrector fue duramente criticado por no dar la cara desde el primer día, lo que muchos consideran un error de cálculo que agravó el problema. Desde entonces, la parálisis es total.
Hoy, la UAEMéx está secuestrada por la incertidumbre.
Facultades cerradas, clases suspendidas, actividades académicas interrumpidas y una administración rebasada. En algunas dependencias, los estudiantes han tomado el control total. Por ejemplo, alumnos de Ingeniería no sólo cerraron accesos físicos, también bloquearon y hackearon sistemas administrativos clave, lo que imposibilita cualquier gestión operativa.
Además, exigieron a los funcionarios de varias secretarías su renuncia inmediata, aun cuando muchos de ellos son empleados sindicalizados con derechos laborales protegidos.
Esta acción, por más comprensible que sea desde el enojo juvenil, raya en el exceso.
Por si fuera poco, los docentes y académicos -columna vertebral de la universidad- han sido ignorados o marginados del proceso de diálogo; muchos profesores, incluso, han mostrado su apoyo al movimiento estudiantil llevando víveres, café y respaldo moral, lo cual demuestra que no se trata de un simple conflicto “de jóvenes rebeldes”, sino de una comunidad amplia que exige transparencia, legalidad y equidad.
Sin embargo, también es cierto que no se puede conducir un movimiento tan amplio sin tomar en cuenta todas las voces que integran a la institución.
La organización estudiantil ha alcanzado un grado sorprendente; la Casa del Estudiante, como hoy llaman a las instalaciones tomadas, tiene un sistema de ingreso con contraseña.
Sólo quienes estén autorizados por los líderes del movimiento pueden entrar.
El objetivo es impedir la infiltración de agentes externos, como ocurrió en los primeros días, cuando se detectó la presencia de “porros” y grupos de choque.
Actualmente, la única autoridad reconocida en muchas instalaciones son los propios estudiantes en paro.
Pero no hay que perder de vista una verdad fundamental: los derechos de unos terminan donde comienzan los de otros; mientras el movimiento no ceda en alguno de sus puntos -algunos de los cuales son técnicamente inviables o ajenos al ámbito universitario-, el riesgo de un conflicto prolongado crece y con ello, el daño a la UAEMéx también.
La universidad ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad académica, su capacidad de innovación y su pluralidad ideológica y todo eso podría verse mermado si la crisis se alarga por intereses ajenos o posturas inflexibles.
La reciente designación de Isidro Rogel Fajardo como encargado del despacho rectoral trajo consigo la esperanza de un retorno al orden institucional.
Rogel Fajardo ha prometido garantizar la gobernabilidad universitaria y llevar a buen término el proceso de sucesión.
Sin embargo, sus acciones han sido limitadas por la toma de instalaciones y el rechazo de los paristas; su rectorado interino podría llegar a los tres meses y, mientras no se logre una salida negociada, el proceso de elección de la nueva rectora seguirá estancado.
El tiempo juega en contra de la UAEMéx, por lo que es urgente que las autoridades, los estudiantes y todos los sectores involucrados asuman con responsabilidad su
papel; ni la parálisis indefinida, ni el autoritarismo encubierto, ni la imposición son caminos viables, pues lo que la universidad necesita es diálogo, respeto y soluciones concretas, de lo contrario, el costo institucional, académico y social será altísimo, y las consecuencias podrían perdurar por generaciones.