* Respaldó las reformas constitucionales para fortalecer el control parlamentario en la Guardia Nacional y avanzar hacia un marco jurídico homogéneo contra la extorsión
Por Martha Romero
El Congreso Mexiquense refrendó su papel como integrante del Constituyente Permanente y respaldó acciones para mejorar la seguridad pública y la coordinación nacional al aprobar la reforma constitucional que faculta al Senado de la República a ratificar los nombramientos de jefaturas superiores de la Guardia Nacional realizados por la o el titular del Ejecutivo federal, así como la minuta que confiere al Congreso de la Unión la jurisdicción de expedir la Ley General contra la Extorsión.
Sobre la primera reforma, que también incorpora lenguaje inclusivo en los artículos 76 y 78 de la Constitución federal, refuerza la transparencia, la rendición de cuentas y el control parlamentario en materia de seguridad pública.
Sobre la incorporación del lenguaje incluyente, no discriminatorio y no sexista en la redacción, busca promover la igualdad de género y combatir prejuicios, de manera que se establece “persona titular de la Presidencia de la República” en lugar de “Presidente de la República” y “persona titular del Ejecutivo Federal” en lugar de “titular del Ejecutivo Federal”.
La reforma dispone que el Senado de la República o, en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso, ratifique los nombramientos de los oficiales con jerarquía de coronel y otras categorías superiores enviados por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en los mismos términos que ocurre con las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Mientras que la reforma relacionada con la extorsión permitirá la persecución de oficio de este delito, la homologación de penalidades y agravantes en todo el país, y el fortalecimiento de la coordinación entre la Federación y las entidades federativas.
Este dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, tiene como objetivo eliminar la fragmentación jurídica que obstaculiza la procuración e impartición de justicia y que ha permitido a la delincuencia aprovechar vacíos legales.
Ambas minutas fueron avaladas la LXII Legislatura del Estado de México al seguir un procedimiento riguroso del Artículo 135 constitucional que exige mayorías calificadas, es decir, dos tercios en el Congreso de la Unión y mayoría de legislaturas estatales para garantizar la estabilidad de la Carta Magna.
