* La diputada Zaira Cedillo planteó incrementar sanciones y multas hasta por 2.8 millones de pesos……
Por Martha Romero
Ante el grave problema social que representa el llamado “huachicoleo” del agua y más del 40% del vital líquido es robado o desviado por ductos ilegales, la diputada Zaira Cedillo Silva, integrante de la bancada de Morena planteó que el robo de agua potable sea calificado como un delito grave y se acredite como un daño a la nación, por lo que propuso penas de hasta 30 años de prisión y multas de 2.8 millones de pesos.
Expuso que la propuesta para reformar el Código Penal estatal califica como delito grave las acciones de extracción, apropiación, restricción o suministro de agua potable, sin contar con el permiso de distribución o la evaluación correspondiente, expedido por la autoridad competente.
Refirió que de acuerdo con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) recibió 37 denuncias por robo de agua, de las que ninguna investigación fue judicializada porque el delito permite a los presuntos delincuentes enfrentar este proceso en libertad y resolver el asunto mediante acuerdos reparatorios.
Por ello, Cedillo Silva indicó que la iniciativa además establece estas sanciones a quien, teniendo la obligación legal, no supervise o ejecute el proceso de desinfección de agua potable que se encuentre bajo su responsabilidad, además, si es persona servidora pública se le inhabilitará por un plazo igual a la pena privativa de su libertad impuesta.
Resaltó que estas sanciones también se le impondrán a quien distribuya o suministre agua potable a través de pipas u otro medio sin contar con el permiso correspondiente, a quien la extraiga de una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada, a quién sin causa justificada impidan o restrinjan su flujo destinado al servicio de las personas usuarias y aquellas que sin autorización o licencia se apropien de la infraestructura hidráulica, independientemente del uso que se le destine.
Expuso que la propuesta busca equiparar el delito de sustracción o apropiación de agua potable si se comercializa o explota, si se almacena, oculta o resguarda para su uso o consumo en cualquier modalidad, y si se transporta, suministra o distribuye por cualquier medio el agua potable sustraída o apropiada.
Por último, dijo, se sancionará a la persona propietaria, arrendataria, poseedora o detentadora que se ostente como tal de algún predio donde exista una toma que sustraiga o se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica.
