* Propone que el Estado promueva, respeta, proteja y garantice el derecho a la transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados
Por Martha Romero
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez envío al Congreso Mexiquense una iniciativa para reformar la Constitución Política estatal con el fin de extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), así como transferir sus funciones a las autoridades existentes en materia de control interno y vigilancia, con el fin de promover la armonización del marco legal estatal con el federal.
La propuesta plantea garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, por lo que los poderes públicos, municipios y organismos autónomos transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, y la información sea oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.
El documento señala que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales estará protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, para lo cual los sujetos obligados contarán con las facultades suficientes para su atención.
Entre las modificaciones propuestas destacan el establecimiento de mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos para sustanciarse ante las instancias competentes; además, el Estado deberá promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Menciona que las leyes en la materia determinarán las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia, u homólogos en el ámbito estatal y municipal, para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.
También establece que los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo la mejora y la modernización de la gestión pública.
Propone que, en un plazo de 90 días naturales, tras la aprobación del decreto, se crearán y aprobarán las leyes secundarias relacionadas con transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, además de hacer los ajustes necesarios en las normas.
Una vez que entre en vigor la legislación de las leyes secundarias, se extinguirá el Infoem, por lo que los actos jurídicos emitidos por este organismo con anterioridad surtirán todos sus efectos legales.
Además, los recursos humanos, materiales, financieros y previsiones presupuestales, así como registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos, pasarán a las instancias que asuman sus facultades y atribuciones, y se respetarán los derechos laborales de las personas trabajadoras y las personas comisionadas concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación secundaria.
