Por Edith Romero Nava
Integrantes de las Autoridades Tradicio-nales del Consejo Otomí de San Pablo Autopan expresaron su rechazo y pidieron la destitución del delegado del programa Bienestar en el Estado de México, Ernesto Armendáriz Ramírez, por la intromisión en los asuntos internos de la comunidad, así como la violación a su autonomía y los principios de libre determinación que rigen a los pueblos indígenas.
Ezequiel Valdez Martínez, presidente del Consejo Indígena, explicó que el 8 de junio pasado se cometieron acciones que contravienen las normas legales establecidas en la Constitución Mexicana, en tratados internacionales y en los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Detalló que, entre las principales violaciones, destaca que el delegado no convocó a las autoridades tradicionales ni a la comunidad para realizar la asamblea, incumpliendo el numeral 1.3 de los lineamientos, que establece la participación de las autoridades tradicionales en estos procesos.
Asimismo, Valdez Martínez señaló que, según los lineamientos, la asamblea debe ser conducida por las autoridades tradicionales y la comunidad, quienes deben decidir de manera democrática y conforme a sus usos y costumbres sobre el nombramiento del comité de administración y vigilancia. Sin embargo, en este caso, dichas decisiones fueron tomadas sin su participación ni consentimiento, lo que viola claramente los procedimientos establecidos.
Otra irregularidad señalada es que la asamblea debería haberse llevado a cabo de forma presencial y a mano alzada, siguiendo las prácticas tradicionales de la comunidad, en línea con el numeral 3.2 de los lineamientos. La falta de cumplimiento en estos aspectos, aseguran, vulnera los derechos de la comunidad otomí y su forma de organización.
Como medida de protesta, las autoridades tradicionales del Consejo Otomí de San Pablo Autopan interpusieron un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), con expediente JDCL/265/2025, presentado e ingresado el 12 de junio. Con esta acción buscan que se reconozcan las irregularidades y se garantice el respeto a sus derechos y formas tradicionales.
Cabe destacar que este conflicto refleja la tensión entre las comunidades indígenas y las instituciones gubernamentales, poniendo en evidencia la necesidad de respetar los derechos de los pueblos originarios y sus formas de organización, en cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.
