En un momento crucial para el Estado de México, el Frente Nacional por la Familia convocó a un encuentro con legisladores, expertos en derechos humanos, salud reproductiva y representantes de la sociedad civil. Este evento tuvo como objetivo reflexionar sobre la postura del Estado frente a los derechos de las mujeres, las alternativas legislativas y las implicaciones de salud, sociales y legales del aborto.
El debate sobre los derechos de las mujeres y la protección de la vida ha puesto en evidencia las deficiencias estructurales en las políticas públicas que deberían garantizar una verdadera equidad y justicia social. En este contexto, Rosa María Morales Rivera, de Expo Vida y Familia, llamó a la reflexión sobre los derechos de las mujeres, subrayando que su cumplimiento depende de la existencia de leyes y programas que promuevan una maternidad digna, lo cual actualmente no se garantiza en el Estado de México.
“Hablar de derechos reproductivos sin garantizar condiciones dignas para la maternidad es insuficiente. Las mujeres necesitamos un Estado que proteja nuestra decisión de ser madres, que no nos condene al abandono laboral, la precariedad económica o la violencia obstétrica, el verdadero derecho a decidir de las mujeres solo es posible en un entorno que garantice que la maternidad no será castigada y esto solo podrá darse cuando el aborto no sea la única opción que se ofrece a una mujer que enfrenta una crisis durante su embarazo” afirmó.
“La falta de políticas públicas efectivas revela un Estado fallido que no cumple con su responsabilidad hacia las mujeres y no las considera una prioridad, esto perpetúa la violencia estructural y personal que enfrentamos. Afirmar que la permisión del aborto modifica estas condiciones carece de sustento y, por el contrario, invisibiliza la discriminación sistemática y las formas persistentes de violencia contra las mujeres” declaró Ángeles Bravo, presidente del Frente Nacional por la Familia en el Edoméx. Entre las problemáticas más alarmantes mencionó la discriminación laboral por embarazo, el acoso y hostigamiento sexual en centros de trabajo y la comunidad y la violencia obstétrica.
“Sobre esto último es necesario resaltar que este tipo de violencia no está reconocida aún en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, aunque, según datos registrados por el Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, más del 70% de las mujeres que acuden a un centro de salud público o privado, declaran haber padecido violencia obstétrica”, sostuvo.
“Asimismo, la ley falla cuando niñas y adolescentes acuden a los servicios de salud a causa de un embarazo precoz, enfrentan un vacío legal que las deja desprotegidas, no se abren carpetas de investigación ni se notifica al personal de Trabajo Social para que se investiguen los abusos que presumiblemente llevaron a estos embarazos, perpetuando ciclos de violencia e impunidad al ser obligadas a regresar a los lugares en los que se encontrarán con sus victimarios. Es injustificable que estas niñas y adolescentes mexiquenses sean abandonadas por un Estado que las instrumentaliza para despenalizar el aborto, pues falla en su obligación de brindarles atención que prevenga y sancione estos posibles abusos, el Estado de México falla cuando no garantiza su desarrollo integral”, aseveró Jair Martínez Flores de Izcalli Vive.
“Históricamente, el aborto ha sido usado como herramienta de control, encubriendo abusos y perpetuando un sistema que explota a las mujeres enmascarándolo con la falsa narrativa de ofrecerles autonomía y derechos.”
El aborto supone un verdadero abandono del Estado a las mujeres y sus problemáticas particulares, sostuvo Rodrigo Iván Cortés presidente nacional del FNF, quien dijo que “En 17 años de aborto despenalizado en la CDMX, no se han resuelto, ni se resolverán, los principales problemas de salud, discriminación, seguridad, capacitación o empleo digno que enfrentan las mujeres, de hecho, ellas no sólo no han visto mejorar su situación en cuanto a sus necesidades más apremiantes, sino que han empeorado, para que nos demos cuenta de la gravedad del abandono que representa, en los estados que se ha despenalizado el aborto, la tasa de mortandad materna está por encima de la media nacional; y lo mismo puede decirse de la problemática social que prometía resolver: no bajan los índices de abuso infantil, el abandono a los niños se ha incrementado y la explotación laboral infantil no ha disminuido en estos 17 años.
“Si además tenemos un sistema de salud colapsado, con hospitales sobresaturados, con recursos escasos y personal insuficiente, no está de más preguntar a cuántos niños y mujeres, y a cuantos mexiquenses en general, dejarán abandonados para destinar recursos a la práctica del aborto”.
Según cifras oficiales, desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México hace 17 años se estima que 77,000 mujeres han recurrido a esta práctica, representando aproximadamente el 0.92% de la población femenina, esto equivale al 0.054% por año.
En contraste, el Estado de México lidera la lista de los estados más violentos contra las mujeres, evidenciando que el problema radica en un sistema que falla en brindar seguridad, educación y oportunidades laborales dignas a sus mujeres ¿De dónde viene el interés de insertar al Estado de México en el negocio del aborto, si las prioridades de las mujeres son claramente otras?.
El Frente Nacional por la Familia en el Estado de México, en representación de más de 80 agrupaciones ciudadanas, exhorta a los Diputados mexiquenses a no ceder ante presiones que prioricen reformas que desatienden las necesidades reales de las mujeres. Es momento de legislar en favor de políticas públicas que promuevan una vida digna para todas las mujeres y de construir un futuro basado en la protección de la vida y el desarrollo social.
“Un verdadero reconocimiento a las mujeres descansa en la existencia de leyes y programas gubernamentales justos que apoyen la maternidad. La ausencia de políticas públicas que nos respalden revela un Estado incapaz de cumplir su responsabilidad hacia las mujeres. Los derechos de las mujeres no deben ser una consigna vacía, sino una promesa respaldada por leyes y programas de apoyo reales y efectivos”, concluyeron.
