Por Mireya Álvarez
La inseguridad en México sigue siendo uno de los problemas más graves que enfrentan los ciudadanos y empresarios, especialmente con la creciente ola de extorsiones que afecta tanto a grandes empresas como a las pequeñas y medianas (MiPyMEs), pilares de la economía nacional. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), encabezada por Juan José Sierra Álvarez, emitió un contundente llamado a las autoridades para que tomen medidas más efectivas y urgentes contra este delito, que está poniendo en jaque a miles de negocios y afecta directamente a los empleadores y colaboradores.
Durante una reunión con presidentes de los Centros Empresariales de los estados, advirtió que la violencia y la extorsión están ahogando la economía local. “Cada semana y cada día, los hechos de violencia nos demuestran que vivimos en un país donde el crimen crece sin freno. La extorsión está asfixiando a las empresas, y la impunidad solo alimenta el descontento social”, subrayó, a la par de enfatizar que la falta de acción por parte del Estado está dejando vacíos peligrosos que permiten a los grupos delincuenciales imponer su ley.
El empresario destacó la gravedad del fenómeno y su impacto en las MiPyMEs, que representan el motor productivo de la nación, además aseguró que la extorsión no solo destruye la estabilidad de estas empresas, sino que también acaba con el empleo y con la esperanza de miles de trabajadores. “Este delito mata a las MiPyMEs, las que están en el corazón de la economía. No podemos permitir que los grupos criminales decidan quién trabaja y quién no. La extorsión es el flagelo que está golpeando a la base productiva del país”, expresó.
“Las cifras delictivas confirman la magnitud del problema, según datos oficiales, en lo que va del año se registraron ocho mil 585 víctimas de extorsión en todo México, lo que representa un incremento del 5.2 por ciento en comparación con el año anterior, sin embargo, estas cifras no incluyen la cifra negra, es decir, los casos que no se denuncian, lo que sugiere que la situación es aún más grave. En el Estado de México, una de las entidades más afectadas, se contabilizan ya mil 810 casos de extorsión entre enero y septiembre de este año, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)”, indicó.
Ante esta situación, Sierra Álvarez hizo un llamado urgente a todos los niveles de gobierno para que adopten una estrategia nacional enfocada en erradicar este delito, asimismo, según la Confederación, la responsabilidad recae principalmente en el Gobierno Federal, que debe implementar un plan nacional contra la extorsión que trascienda los ciclos políticos y los intereses partidistas y también pidieron a los congresos locales y autoridades estatales que armonicen las leyes y redoblen esfuerzos para fortalecer las estructuras de seguridad pública.
“Es necesario que este delito se trate con la urgencia que exige su impacto económico y social. Las autoridades deben garantizar que las leyes sean aplicadas de manera rigurosa, pero también que se destinen los recursos suficientes para combatir este flagelo”, insistió.
La Coparmex no se ha quedado de brazos cruzados ante la crisis de inseguridad y extorsión, desde el sector empresarial, se han impulsado diversas iniciativas para tratar de mitigar los efectos de la violencia en el ámbito laboral y empresarial. Entre estas acciones se encuentran los diagnósticos territoriales, la elaboración de mapas de riesgo y la colaboración con universidades y observatorios ciudadanos para monitorear el avance de la extorsión.
El llamado de la Coparmex es claro, la extorsión no puede seguir siendo un problema sin solución. La sociedad y la economía mexicanas dependen de la pronta acción de las autoridades para devolver la paz y la estabilidad a los empresarios y ciudadanos que luchan cada día por salir adelante.
En este contexto, la Confederación urgió al Senado de la República a dictaminar de manera inmediata la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, que ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, y que es vista como una herramienta clave para hacer frente a este delito.
