Por Mireya Álvarez
En el Estado de México, la corrupción continúa siendo una práctica cotidiana que permanece, en gran medida, en la sombra. Según cifras del INEGI, de cada 100 actos de corrupción registrados, apenas uno es denunciado. Esto deja en evidencia una realidad preocupante: 99 víctimas prefieren guardar silencio, muchas veces por miedo, desconfianza o la certeza de que no habrá consecuencias para los responsables.
Óscar Bazán a la Torre, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, señala que la falta de denuncias refleja un problema de fondo: “la impunidad”. Aunque desde 2017 opera en la entidad el Sistema Estatal Anticorrupción, los avances han sido limitados y la ciudadanía sigue sin confiar en que denunciar hará la diferencia.
“La gran deuda está en la impunidad. La mayoría de los actos de corrupción no se castigan, y eso desalienta cualquier intento por erradicarlos”, afirma.
Según los datos, el 98.9 por ciento de los actos de corrupción en el Edomex nunca llegan a conocimiento de las autoridades. Esta “cifra negra” revela la magnitud del problema.
Pese a la creación de mecanismos como el “Sistema 5” para facilitar la denuncia ciudadana, el especialista reconoce que la clave está en la confianza. “Si el ciudadano no ve resultados, no va a denunciar. No hay motivación ni garantías reales de protección”, advierte.
No todo es negativo. El funcionario estatal destaca una ligera mejora en los indicadores de percepción. En 2015, el 91 por ciento de la población consideraba a la corrupción como un problema generalizado; en 2023, esa cifra bajó al 86 por ciento. Asimismo, las experiencias de corrupción disminuyeron de 72 mil a 17 mil por cada 100 mil habitantes. Aun así, el avance es insuficiente si no se traduce en sanciones y cambios institucionales de fondo.
El camino ha sido largo. México tardó más de una década en comenzar a aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en 2003. La resistencia institucional, considera Bazán a la Torre, sigue siendo uno de los principales obstáculos.
Actualmente, el Comité de Participación Ciudadana trabaja en la construcción de alianzas con diversos sectores: empresarios, cámaras de comercio, académicos y organizaciones civiles, con el fin de impulsar una cultura ética y reforzar los canales de denuncia. Pero el reto va más allá.
Por ello, subraya la necesidad de institucionalizar mecanismos eficaces de protección para quienes denuncian, como establece la ley. “Mientras un ciudadano o una empresa tenga miedo a represalias, no habrá denuncia posible. Se necesita garantizar anonimato, seguridad y seguimiento real a cada caso”, acotó.
La lucha contra la corrupción en el Estado de México avanza, pero a paso lento. El desafío ahora es lograr que la ciudadanía vuelva a creer en las instituciones y se atreva a romper el silencio.
