La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará el 2026 analizando la constitucionalidad de importantes reformas impulsadas durante el sexenio anterior.
Entre los casos destacan una acción de inconstitucionalidad contra la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y otra contra facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para el bloqueo de cuentas bancarias.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la ley que rige la carrera magisterial, argumentando que elimina el proceso de evaluación docente y establece un nuevo marco para la admisión y promoción.
La CNDH sostiene que la reforma incurre en una omisión legislativa, ya que delega a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la regulación de la promoción horizontal, una facultad que, según la Constitución, corresponde al legislador.
Sin embargo, un proyecto de la SCJN, a cargo del ministro Irving Espinosa, sugiere declarar infundada la acción de inconstitucionalidad, al considerar que la reforma se adecua a medidas legislativas que buscan fortalecer a las instituciones formadoras de docentes, como las escuelas normales, en atención a su histórica marginación.
Paralelamente, se espera la discusión de otra acción de inconstitucionalidad, presentada por 49 legisladores de oposición y la CNDH, contra reformas a la Ley de Instituciones de Crédito.
Esta reforma otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial o notificación previa.
Los legisladores opositores argumentan que esta facultad de la SHCP vulnera principios constitucionales como la presunción de inocencia, la taxatividad y la seguridad jurídica, al permitir el bloqueo de cuentas sin una fundamentación y motivación previas.
