El costo a consecuencia de la inseguridad y el delito incrementó 17.4 % de 2021 a 2023, para ubicarse en 124.3 mil millones de pesos, equivalente a 0.51 % del PIB, monto ligeramente superior al presupuesto destinado en términos del porcentaje del PIB a Seguridad Nacional y Policía en el paquete económico para 2025.
Así lo revelan diversas encuestas realizadas al sector privado, de acuerdo con las cuales 59.1 % de las empresas consideró que la inseguridad y la delincuencia son los principales temas que las afectan, por arriba de impuestos (28.2 %), corrupción (21 %) o mala aplicación de la ley (16.5 %).
Otro factor que impacta la actividad del sector privado es la extorsión, que se posicionó como uno de los tres delitos más frecuentes en 25 entidades federativas. Además de que el aumento de la percepción de inseguridad, se ubica en 69.4 % para 2024; es decir, el incremento de la violencia delictiva también ha implicado mayores costos económicos para las empresas.
Esta situación de exposición a la delincuencia ha forzado que casi 20% de los negocios haya reducido sus horarios de producción o comercialización de bienes o servicios; 15.1% suspendió los planes de inversión y 6% canceló rutas de distribución o ventas de productos.
Dicho de otro modo, la prevalencia delictiva y sus costos asociados llevan a la interrupción parcial o total de la actividad económica, lo que invariablemente afecta al desarrollo de las localidades (pues hay menos espacio para trabajar y obtener ganancias). Todo ello hace evidente la desconfianza del sector hacia la política de seguridad.
Entre las distintas estadísticas y estudios practicados a los hombres de negocio, se encuentra la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI, que informa sobre las características e impactos de los delitos que aquejan a las empresas en México.
Los datos confirman lo que muchas cámaras empresariales a lo largo y ancho del país han denunciado en años recientes y mucho más en los últimos meses que cada vez hay más empresas bajo un fuego más intenso.
Sobresale que si bien durante la pandemia se observó una disminución en la inseguridad hacia las empresas, una vez concluida la etapa de emergencia, de nueva cuenta se nota un repunte estadísticamente significativo de dicho indicador. En el ámbito nacional, la prevalencia por cada 10 mil empresas incrementó 1.3 % y dicho problema aumentó en 18 entidades federativas, además de que la violencia criminal arreció en contra de todos los tamaños y sectores empresariales.
Así, el sector comercial se mantiene como el más afectado por la actividad criminal con una tasa de 3 mil 150 víctimas del delito por cada 10 mil unidades económicas y un incremento de la prevalencia de 13.3 % en comparación con 2021; no obstante, la prevalencia delictiva incrementó 11.2 % en empresas del sector industrial y 6.6 % en las del sector servicios.
Asimismo, empresas medianas se mantienen como las más perjudicadas por el crimen con una tasa de 4 mil 899 por cada 10 mil unidades económicas y un incremento de 4.4 % en comparación con 2021. Destaca también un incremento de 10.9 % de prevalencia delictiva en las microempresas.
