* El Estado de México anuncia un nuevo grupo especializado para buscar a desaparecidos mientras miles de familias siguen esperando resultados reales……
Por Edith Romero
El gobierno del Estado de México presentó la creación de un Grupo Especializado de Búsqueda que operará las 24 horas, una medida que se anuncia como avance pero que llega acompañada del escepticismo de miles de familias que han vivido años de omisiones, el convenio firmado por la Secretaría de Seguridad y la Comisión de Búsqueda promete operativos conjuntos, rapidez y atención inmediata, aunque la realidad demuestra que estos compromisos suelen quedar en el discurso.
El equipo será responsable de realizar acciones coordinadas y simultáneas para localizar a personas desaparecidas, priorizando la reacción inmediata, sin embargo, el Estado de México encabeza cifras nacionales en desapariciones y la respuesta institucional ha sido históricamente lenta, burocrática y en ocasiones indiferente, por lo que la creación de un nuevo agrupamiento sin transformaciones profundas genera más dudas que confianza.
El convenio fue firmado por el secretario de Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo y el subsecretario de Policía Estatal Carlos Alberto Hernández Leyva, así como por Alma Patricia Bernal Oceguera y Avelino Blanco Guido de la Comisión de Búsqueda, la formalidad del acto contrasta con la urgencia humana de quienes buscan a sus desaparecidos, muchas familias realizan por sí mismas búsquedas que el Estado ha sido incapaz de garantizar.
El objetivo es implementar un mecanismo ágil y eficiente y capacitar a los elementos que participarán en estas tareas, además se establece que la Secretaría deberá informar cualquier detención relacionada con personas reportadas como desaparecidas y entregar videograbaciones que puedan contribuir a su localización, sin embargo, estas acciones son obligaciones que ya debieron cumplirse desde hace tiempo y su incorporación al convenio evidencia que no se realizaban adecuadamente.
La Comisión de Búsqueda brindará capacitación sobre derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, atención a víctimas y aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda, esta formación llega tarde y confirma la improvisación institucional en tareas que deberían ser prioritarias.
El convenio tendrá vigencia hasta septiembre de 2029 y no generará impacto presupuestal, un punto preocupante porque muchos de los retrasos en las búsquedas se deben precisamente a la falta de recursos, operar sin presupuesto adicional implica repetir el mismo esquema limitado que durante años ha fallado en ofrecer resultados.
También se señala que la información será manejada con estricta confidencialidad, aunque los colectivos han denunciado por años la falta de transparencia y la dificultad para acceder a datos clave, por lo que queda la duda de si esta vez el compromiso será real.
La creación de este grupo podría ser un paso relevante, pero sin recursos, voluntad política y rendición de cuentas corre el riesgo de convertirse en otro anuncio que se celebra en papel mientras las familias continúan buscando solas a quienes el Estado prometió proteger.
